CIUDAD DE MÉXICO, (Sputnik), 17 de julio de 2021 .— El espacio humanitario está cada vez más amenazado por la violencia contra sus trabajadores, por impedimentos a sus actividades y México lo condena, dijo el canciller Marcelo Ebrard, ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) .
“México condena de la manera más enérgica que el personal médico y humanitario, así como la infraestructura y los servicios esenciales para la población civil, como lo son escuelas, hospitales o plantas de agua, sean blanco de intimidación y ataques deliberados por cualquier actor en cualquier circunstancia”, dijo el jefe de la diplomacia mexicana desde el asiento no permanente del grupo de países de América Latina y el Caribe ante el máximo organismo de la ONU.
En la reunión titulada Protección de civiles en conflictos armados: preservar el espacio humanitario, Ebrard planteó, en primer lugar, que esas acciones “son sin lugar a dudas violatorias del Derecho Internacional Humanitario y representan crímenes de guerra, por lo que investigarlas y sancionarlas debe ser una prioridad”.
El canciller latinoamericano indicó que el Consejo de Seguridad “debe analizar si algunas situaciones debieran remitirse a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, como lo contempla el Estatuto de Roma”.
La protección debida a quienes no participan en las hostilidades en el marco de los conflictos armados es el principal objetivo del Derecho Internacional Humanitario.
“Pese a ello, persisten los ataques contra el personal humanitario, e incluso se ha registrado un incremento en algunas regiones” como ocurrió en Afganistán, entre trabajadores de la fundación Halo Trust, como en Tigray, en contra del personal de Médicos sin Fronteras, mencionó.
Sanciones y aplicación de normas
El segundo punto que abordó el canciller mexicano fue el efecto de las sanciones generalizadas y las medidas contra el terrorismo en la acción humanitaria.
“Es claro que estas medidas tienen un impacto negativo en el otorgamiento de la asistencia humanitaria”, expuso en su intervención Ebrad.
Indicó que es “indispensable conocer con mayor detalle el alcance de las sanciones, especialmente en lo que se refiere a las consecuencias no deseadas”.
Por ejemplo, citó a las instituciones financieras que proveen servicios a organizaciones humanitarias en países considerados como de riesgo.
Esas instituciones evitan prestar sus servicios “para no ser sujetos directos o indirectos de sanciones, con lo cual se afectan directamente sus operaciones, así como la población que más necesita de sus servicios”.
En otros casos, los actores humanitarios enfrentan restricciones de importación de artículos, necesarios para realizar sus funciones. Incluso, hay riesgo de multas o criminalización.
México reconoce, sin embargo, que “las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad contra individuos que atenten contra el personal médico o humanitario pueden resultar disuasivas”.
En ese sentido, reconoce los avances logrados a través de la resolución 2582 sobre la República Democrática del Congo.
El tercer y último punto que mencionó Ebrad trató sobre implementación a nivel nacional de las normas para la protección del espacio humanitario.
“México honra su obligación de respetar y hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario e invita, a quienes no lo han hecho, a unirse a dicha iniciativa”, dijo el diplomático.
En el país latinoamericano, la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario, fue establecida en 2009, para estudiar y revisar de manera permanente la legislación nacional para adecuarla a los desarrollos del Derecho Internacional Humanitario.
“La asistencia humanitaria no puede ni debe ser rehén de consideraciones políticas, puesto que lo que está en juego es la vida y el bienestar de las personas”, puntualizó.
En 2020, se registraron al menos 169 incidentes de seguridad contra trabajadores humanitarios en 19 estados afectados por conflictos, que resultaron en la muerte de 99 trabajadores humanitarios.