CIUDAD DE MÉXICO, (Sputnik), 30 de marzo de 2021 .— La representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH pidió a México aplicar estándares internacionales en las corporaciones policíacas, en una condena por el reciente asesinato de la refugiada salvadoreña Victoria Esperanza Salazar en Tulum, localidad de las playas de la península de Yucatán.
El representante de Acnudh en el país, Guillermo Fernández-Maldonado, afirmó que “la trágica y prevenible muerte de la Salazar Arriaza a manos de las fuerzas del orden, es una muestra de la urgencia de implementar plenamente protocolos de actuación alineados con los estándares internacionales en la materia, con una perspectiva de género”.
La condena es parte de una serie de posicionamientos de varias agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por un vídeo difundido el fin de semana pasado donde se observa el uso de la fuerza excesiva contra la mujer , que tenía 36 años y era madre de dos niñas, la cual fue sometida por cuatro policías, acusada de alterar el orden público.
Salazar Arriaza, que contaba con visa humanitaria, murió cuando los efectivos le rompieron la columna.
Para estos casos que involucran a agentes policiales en Quintana Roo, estado enclavado en la franja costera oriental de la península de Yucatán, frente al mar Caribe, “la rendición de cuentas debe implicar un cambio profundo y estructural en la interacción de la policía con la población”, dijo el representante del organismo que encabeza Michelle Bachelet.
“Recordamos que el Estado mexicano ha asumido importantes obligaciones y compromisos en materia de defensa y protección de los derechos humanos”, manifestó Fernández-Maldonado, en un posicionamiento que está alineado con otras agencias de la ONU.
Enfoque de género
Por su parte, la entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres en México (ONU-Mujeres), indicó al Gobierno del país latinoamericano que las normas nacionales “explícitamente establecen que las instituciones de seguridad deberán contar con protocolos y procedimientos de actuación, incluido el uso de la fuerza, que tenga perspectiva de género y protejan los derechos humanos”.