La represalia de la Oficina de Prisiones contra el ‘hacktivista’ estadounidense Martin Gottesfeld tras escribir un artículo para RT sobre sus condiciones en la penitenciaría federal donde se encuentra es la regla, no la excepción, ha declarado a esta cadena Barrett Brown, un periodista que pasó cuatro años en prisión.
“No ha habido un solo caso de alguien que sea un activista de alto perfil o incluso un activista de bajo perfil encarcelado en la Oficina de Prisiones que no haya enfrentado represalias en la medida en que haya tratado de continuar su compromiso con el colectivo civil desde la prisión”, afirma Brown, explicando que el castigo de Gottesfeld, por el simple hecho de tratar de exponer los abusos que presenció, es tan deprimentemente común como ilegal.
“Este no es un desarrollo inusual en lo que respecta a una violación del debido proceso”, indica el periodista, para agregar que los medios también son en parte culpables por “seguir adelante y olvidarse” incluso de los abusos más grotescos dentro del sistema judicial, lo que representa una pereza crónica de la que depende el sistema para operar sin oposición.
Por otra parte, Brown asegura que “EE.UU. tiene problemas muy particulares e inmensos que se centran en las represalias contra quienes desafían el poder”, y denuncia que el sistema penitenciario sigue siendo irreversiblemente corrupto: “la malversación queda impune, la deshonestidad queda impune o no se corrige”.
La compulsión del sistema de tomar represalias contra aquellos que arrojarían luz sobre las arbitrariedades es “una de las razones por las que nadie debería ser extraditado a los EE. UU.” y “nadie que haya estado involucrado en el activismo debe ser juzgado en EE.UU. ni encarcelado allí”, advierte Brown, señalando que “el historial de Estados Unidos en esto es inmensamente vil”.
El ‘crimen’ y el castigo
Gottesfeld, que cumple una condena de 10 años en la penitenciaría de Terre Haute (Indiana), describió en su reciente artículo para RT casos de maltrato, historias de inyecciones letales del corredor de la muerte y los brotes de coronavirus en la prisión.
Desde entonces, la abogada de la Oficina de Prisiones, Katherine Siereveld, ha tomado medidas sin precedentes para impedir que el activista consulte con su equipo legal, según Dana Gottesfeld, la esposa del recluso. Dos abogados que representan a Gottesfeld confirmaron en declaraciones por correo electrónico que no pudieron comunicarse con su cliente.
El experto en seguridad informática, ahora con 37 años, fue sentenciado por llevar a cabo un ciberataque en 2014 contra los sistemas del Boston Children’s Hospital para exponer el caso de una niña de 15 años llamada Justina Pelletier, que estaba siendo retenida por la fuerza en el centro médico contra la voluntad de sus padres tras una disputa sobre su diagnóstico entre sus progenitores y el establecimiento.
Mientras, el propio Brown pasó cuatro años en una prisión federal por publicar un enlace a los correos electrónicos pirateados de Stratfor después de que WikiLeaks los recibiera y los revelara en 2012, aunque el propio periodista no participó en la piratería ni en la filtración.
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