“En fotografías que nos hicieron llegar trabajadores de la demarcación se aprecia que hay perros con collares y en buena condición físicas”. Está claramente prohibido por la ley, y aun así, empleados del Centro de Control Canino levanta a estos animales de la vía pública por medio de “razzias”.
En respuesta a las denuncias, la diputada local, Rebeca Peralta,este 08 de mayo dijo que la delegación retiro de su cargo a la servidora pública, a pesar de ello, opinó que la sanción no sólo debe quedarse a nivel administrativo debido a que se habla de muertes de seres vivos y que la sanción por privar de la vida a un animal es de hasta cuatro años de prisión.
La diputada apunto que no sólo la PGJ debe abrir una investigación y llevar ante un juez a los responsables, de igual modo la Contraloría General de la Ciudad de México está en la obligación de investigar el caso para que los responsables sean inhabilitados.
“Se trata de un tema muy delicado, nos dicen que son unos 250 perros y gatos semanales los que son asesinados, quiero remarcar que son semanales. No sabemos hasta dónde está esto, la delegación no puede lavarse las manos diciendo que su controlaría interna lo investigará, no es sólo un asunto administrativo, sino penal”