Con 80 votos a favor y 7 en contra, el Senado aprobó la nueva Ley para Prevenir y Sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, que impondrá sanciones que van desde los 35 hasta los 60 años por ordeña de ductos, plataformas, barcos y depósitos.
Asimismo, se incluyeron disposiciones para que las gasolineras que modifiquen sus sistemas de medición para vender litros alterados, se les sancione desde los 10 hasta 18 años de cárcel, con la posibilidad de perder la concesión.
El dictamen se fue a San Lázaro porque el Senado solo retomó artículos de la minuta aprobada en esa cámara e incluyó disposiciones para que también se sancione los casos de sabotaje, que serán castigados con penas de 40 años y 60 años por terrorismo.
“Se han detectado redes de sustracción de abastecimiento, de transporte y de venta de hidrocarburos, que hasta el día de hoy no se consideraban como delitos graves”, argumentó el priista Omar Fayad, autor de la iniciativa.
Expuso que “estamos hablando de cambiar las penas máximas establecidas con castigos que alcancen hasta los 35 años de privación de la libertad, y multas acordes al grave daño patrimonial que causan al erario público, estimado en más de 33 mil millones de pesos, como ocurrió en el año 2012 o lo estimado de que tan solo la sustracción ilícita de gasolina y diésel le cuesta al país 19 mil millones de pesos.
Dijo que las tomas clandestinas habrían alcanzado el año pasado los dos mil millones de dólares, lo que representa seis veces el programa de comedores comunitarios, cuatro veces de apoyo alimentario, casi la mitad del programa Prospera completo o el 40 por ciento de los apoyos que se otorgan a los adultos mayores de 65 años, solo por referir algunos.
El PRD en voz de Dolores Padierna respaldó esta reforma, al alertar que en las tomas clandestinas que ocurren al interior de instalaciones de Pemex podría haber contubernio de trabajadores sindicalizados.
“¿Cuál es la relación entre la desarticulación de los cárteles y el disparo exponencial de delitos como el secuestro, la extorsión, la trata de personas y, en este caso, el robo a Pemex?, pues es una pregunta que el gobierno responsable de brindarnos seguridad a las personas y los bienes debe responder, no solo con los rondines y retenes que evidentemente han fracasado, sino con una labor organizada e integral para erradicar la violencia y la inseguridad”, apuntó.
Al abundar que la caída de los precios del petróleo, de los hidrocarburos obligan hoy más que nunca a cuidar los ingresos del Estado, sin contar con la necesidad de terminar con las tomas clandestinas porque han hecho crecer las tragedias ambientales y han provocado accidentes de consecuencias fatales.
“Además del robo vía tomas clandestinas, se informa en la exposición de motivos del saqueo que también ocurre en actividades relacionadas con la extracción y distribución en campos petroleros, en terminales de almacenamiento y de reparto, en terminales marítimas, en refinerías y en la carga a buques de gran calado; en estos lugares se alteran los sistemas de medición, las facturas, los sellos y las bandas organizadas que obtienen enormes ganancias. Para 2011, por ejemplo, se estima que el mercado ilícito de combustible dio ganancias por 23 mil 900 millones de pesos. Para el año siguiente, creció a 33 mil 200 millones de pesos”.
El ecologista Gerardo Flores hizo notar que han ocurrido accidentes graves, como el de San Martín Texmelucan, Puebla, en 2010 que dejó 30 muertos, 13 de los cuales eran niños; 52 heridos y 100 casas afectadas, con 5 mil damnificados, por lo que urgió a actuar contra quienes ordeñan los ductos y generan estos daños.
Con información de Milenio