La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó con 29 votos a favor, cero en contra y una abstención, reformas a diversos artículos de la Constitución en materia de telecomunicaciones con el propósito de fortalecer los derechos de libertad de expresión e información y establecer el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, así como de servicios de radiodifusión, telecomunicaciones y banda ancha.
Asimismo, para asegurar una competencia efectiva en televisión abierta y restringida, radio, telefonía fija y móvil, servicios de datos y telecomunicaciones.
Además, generar condiciones para incrementar sustantivamente la infraestructura y hacer más eficiente su uso, disminuyendo los precios y aumentando la calidad de los servicios, y apertura hasta en 100 por ciento del mercado de las telecomunicaciones a la inversión extranjera y en un 49 por ciento en materia de radiodifusión.
La propuesta, que modifica los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política, establece que las telecomunicaciones serán servicios públicos de interés general, por lo que el Estado deberá garantizar que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.
A su vez, brindar beneficios de tipo cultural a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como los valores de identidad nacional.
Crea la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como órganos constitucionales autónomos que promuevan la competencia y generen las condiciones que permitan hacer efectivos los contenidos de la reforma.
Estas tendrán entre sus facultades eliminar barreras para la competencia y la libre concurrencia; prevenir y eliminar monopolios, supervisar la radiodifusión y las telecomunicaciones; otorgar y revocar concesiones en la materia; sancionar a concesionarios, y ser autoridad en la materia.
Además, ordena la creación de tribunales especializados; los actos u omisiones de la CFCE y del IFT podrán ser impugnados únicamente mediante juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión.
Precisa que las concesiones podrán ser para uso comercial, público, social y privado; serán otorgadas mediante licitación pública, asegurando el menor precio de los servicios al usuario final y no será determinante para definir al ganador el factor meramente económico. La Ley establecerá un esquema de sanciones efectivas que señalarán causal para revocación de título de concesión.
Al respecto, el presidente de la Comisión, diputado Julio César Moreno Rivera, explicó que el proyecto plantea modificaciones torales, mediante las cuales se regresa al Estado la rectoría del sector de telecomunicaciones.
“Las telecomunicaciones por lo que representan son un servicio público y de interés general, por lo que deben estar bajo la tutela del Estado. Durante muchos años, la explotación de este servicio no ha permitido una competencia real y efectiva que traiga un beneficio que se refleje en la calidad de sus contenidos”.
Posicionamientos
La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (PRI) se mostró a favor del dictamen, toda vez que democratiza el mercado de las telecomunicaciones, fortalece la rectoría del Estado en este ámbito, incluye una nueva arquitectura institucional y crea la Comisión Federal de Competencia Económica.
Por Acción Nacional, el diputado Carlos Fernando Angulo Parra argumentó que uno de los mercados más importantes del desarrollo del país, son las telecomunicaciones; por ello se requiere un régimen regulatorio justo y que cumpla con las mejores prácticas internacionales.
El diputado Fernando Zárate Salgado (PRD) precisó que hoy se avanza en la democratización de los medios de comunicación y se modifica la relación de éstos con los ciudadanos, pues “la información y la globalización es lo que nos llevará a democratizar este país”, apuntó.
La diputada Ruth Zavaleta Salgado (PVEM) hizo un reconocimiento a la voluntad política de los partidos que construyeron esta propuesta, pues la reforma antepone los intereses de los ciudadanos en materia de derechos humanos; pone al país en la vanguardia, y fortalece el papel del Estado en materia de espectro radioeléctrico.
De Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja anunció la abstención de su grupo parlamentario, pues dijo se debe revisar el tema del ciento por ciento de inversión extranjera en telecomunicaciones y vía satélite, su función social, las radios comunitarias, contenidos, audiencias y lo que se refiere a que los comisionados ganen igual que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza) indicó que es urgente una reforma en telecomunicaciones, toda vez que se ha construido un sector con elevados precios y reducida competitividad. “Con la reforma se logrará apertura democrática de los medios de comunicación; generará desarrollo y el analfabetismo digital dejará de ser un obstáculo”.
El diputado Federico José González Luna Bueno (PVEM), presidente de la Comisión de Radio y Televisión, se pronunció a favor del dictamen, en razón que promoverá la competencia de los mercados y la penetración, la cobertura y la aplicación de los servicios de la tecnología de información, telecomunicaciones y la banda ancha.
Por su parte, la diputada Purificación Carpinteyro Calderón (PRD) manifestó su aprobación, toda vez que es una reforma de transcendencia para el desarrollo nacional y en beneficio de la población que carece de los servicios, lo cual los ha sentenciado a vivir en el rezago tecnológico.
El diputado Marcos Aguilar Vega (PAN) sostuvo que su voto iría en sentido positivo, ya que la reforma cumple con las apremiantes demandas de millones de habitantes y promueve mecanismos de competencia con el objeto de mejorar la calidad y la reducción de precios de estos servicios.
A su vez, el diputado Héctor Humberto Gutiérrez De la Garza (PRI) dijo que su voto sería a favor, toda vez que la reforma prioriza el interés nacional; sin embargo, pidió reflexionar sobre los órganos especializados en radiodifusión y telecomunicaciones y el que estará ligado en la Comisión Federal de Competencia Económica, pues ya que no se especifican sus fines y distribución.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) anunció que votaría en abstención porque tal vez en el producto final del dictamen podría recuperar las propuestas que generarían una reforma integral.
El diputado José Alfredo Botello Montes (PAN) reiteró que la reforma permitirá generar competencia de las tecnologías de la información.
En el mismo sentido, la diputada Julisa Mejía Guardado (PRD) afirmó que la reforma constitucional es de gran calado, aunque indicó que las reservas que definirán tienen el propósito de enriquecer el dictamen, siempre y cuando cuente con el consenso suficiente.
Por último, la diputada Amalia García Medina (PRD) explicó que se está frente a una reforma relevante, ya que permitirá cumplir el artículo constitucional que establece que la prohibición de los monopolios “deje de ser letra muerta”.
Se desecharon las reservas presentadas por los diputados Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) y Ricardo Cantú Garza (PT) a los artículos 28, quinto, octavo y décimo cuarto transitorios, los cuales fueron aprobados en términos de dictamen con 27 votos a favor y 2 en contra.