Voces del Periodista Diario

El turbio negocio inmobiliario de Trump en México

Hubo un tiempo en que Donald Trump amaba a México: hace una década, cuando promovía un complejo residencial de superlujo en Baja California.

“Una de las cosas que más amo de este proyecto es que está en Baja, México”, decía Trump en un video en que publicitaba la venta de 526 departamentos –distribuidos en tres torres– en Punta Bandera, Tijuana, a 16 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, el país que ahora gobierna.

“Estoy muy orgulloso de que cuando construyo hay inversionistas que me siguen, invierten en mí, invierten en lo que creo. Por eso estoy tan emocionado acerca del Trump Ocean Resort, y esto va a ser muy, muy especial.”

Ivanka Trump también fue promotora del negocio de su padre, asociado a la empresa inmobiliaria Irongate: “Están desarrollando un resort de clase mundial, acorde con la compañía Trump. Yo personalmente estoy muy emocionada acerca de eso: de hecho, escogí comprar una unidad en la primera torre”.

El amor se desvaneció y ahora Trump como presidente de Estados Unidos embiste a México, pero también enfrenta, precisamente por ese negocio en Baja California que defraudó a más de 200 compradores, una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) que lo coloca en la hipótesis de ser enjuiciado bajo leyes mexicanas.

El mismo día en que Trump emitió la orden ejecutiva para la construcción del muro en la frontera con México, el miércoles 25, Jaime Martínez Veloz, alto funcionario de la Secretaría de Gobernación y avecindado en Tijuana, amplió la denuncia que presentó contra Trump el 29 de octubre de 2016, por presunta defraudación fiscal, según el expediente FED/BC/TIJ/000958/2016.

Esta acción coincidió con la visita de la delegación de México a Washington, encabezada por el canciller, Luis Videgaray, y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quienes según Martínez Veloz debieron regresar al país en protesta por la decisión de Trump de construir el muro y otras acciones contra migrantes mexicanos. “No existe justificación alguna para que estuvieran ese día en ese lugar”, dice.

La ampliación de la demanda es por la supuesta violación del artículo 27 de la Constitución de México, las leyes migratorias, la Ley de Inversión Extrajera y las que resulten cuando Trump fue promotor del lujoso desarrollo en Baja California que colapsó en 2009, cuando él se deslindó de toda responsabilidad financiera, alegando que sólo prestó su nombre a Irongate para la promoción de ventas, que incluyó un anuncio espectacular donde se edificaría la obra.

Sin embargo, Martínez Veloz, el demandante, advierte que Trump obtuvo cerca de 60 millones de dólares en ventas, “sin llevar a cabo ninguna obra y mucho menos cumplir con sus obligaciones fiscales, ya que de dicha cantidad el señor Trump no entregó al fisco mexicano ningún peso con motivo de las compraventas y el dinero adquirido por las ventas anticipadas de los condominios ofertados”.

La ampliación de la demanda establece que Trump tampoco tramitó licencia de construcción ni permisos de urbanización en el municipio de Tijuana, por lo que no pagó nada para construir el complejo turístico, pero además carecía de visa de negocios para realizar legalmente esas actividades en México.

Según la denuncia presentada por el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, de la Secretaría de Gobernación, Trump también violó el artículo 27 de la Constitución, que prohíbe a los extranjeros adquirir el dominio directo de tierras y aguas en 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y 50 kilómetros en las playas, salvo que la Secretaría de Relaciones Exteriores lo autorice mediante un fideicomiso.

“Es por lo anterior que si la Secretaría de Relaciones Exteriores no expidió permiso alguno para constituir un fideicomiso a favor de Donald John Trump y/o Ivana Trump y/o Irongate de Los Ángeles y/o Trump Ocean Resort Baja México, esto quiere decir que lo hicieron en un marco de ilegalidad y de probables hechos constitutivos de algún delito”.

Es por eso que Martínez Veloz solicita a la PGR que continúe con la investigación y solicite a la Interpol que localice a Trump para que sea presentado “por las vías diplomáticas” a rendir su declaración ministerial y, una vez agotada la investigación, solicitar la orden de detención en su contra.

 

Trump como mafioso

Ex diputado federal priista y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martínez Veloz no oculta que la denuncia contra el presidente de Estados Unidos no es sólo de carácter legal: “Es, naturalmente una respuesta con elementos jurídicos, pero también es una respuesta política a la actitud beligerante de Trump”.

La idea de presentar la denuncia, dice, le vino cuando Trump empezó a agredir a México y a hablar de construir el muro. Comenzó a revisar los requisitos para construir el complejo residencial en Tijuana, del que él supo como residente en ese municipio y comprobó, mediante solicitudes de información, que no pagó al fisco, ni siquiera los permisos de construcción, por lo que presentó la denuncia.

Y al seguir investigando y allegarse información, también mediante solicitudes con base en la Ley de Transparencia, descubrió también que Trump y Irongate, la empresa con la que se asoció, habían violado la Constitución y otras leyes.

“Nos íbamos a esperar para la ampliación, pero el martes Trump anuncia que va a firmar el decreto para el muro y que debemos pagarlo. Lo que hicimos esa noche fue apresurarnos y con la información que tenemos interponer la ampliación de la denuncia, como una respuesta puntual a un hecho y a una agresión contra México como nunca en la vida había visto de parte de una nación hacia nuestro país.”

Se ofuscó, dice, porque para financiar la construcción del muro Trump amenazó imponer un impuesto a las empresas que exporten a Estados Unidos. “No hay ningún elemento jurídico de él para cobrar el muro ni para imponerles un impuesto de esta naturaleza a las empresas. Está actuando con los criterios del crimen organizado de cobrar el derecho de piso”.

–¿Tiene viabilidad esta denuncia o es sólo una acción político-mediática contra Trump?

–Tomar la decisión siendo un ciudadano fronterizo, conociendo las implicaciones que esto tiene, la forma en cómo ellos operan, muchas veces gansteriles, conlleva una decisión de vida. No es protagonismo. Pero están las condiciones dadas para que las autoridades actúen.

La propia investigación, dice, podría servir al gobierno de Enrique Peña Nieto para que pueda negociar en condiciones de equidad y de igualdad.

“Él dice que ha sido totalmente de­sigual e injusta la relación de Estados Unidos con México. Entonces que explique los procedimientos jurídicos y económicos que realizó para desarrollar sus negocios en México. Él dice que prestó solamente el nombre. Pero no es una hermanita descalza, no lo prestó por prestar, eso le generó un ingreso”.

Recuerda que, según afirmó Trump, Irongate lo estafó, pero se trata de una compañía estadunidense. “Y eso es una mentira, porque Irongate y él siguieron haciendo negocios. Más aún: que diga cuáles impuestos pagó y qué trámites realizó para promover un negocio de esta naturaleza. Que no se salga por la tangente”.

Añade: “¿Podemos nosotros hacer lo mismo en su país sin visa de negocios y no hay problema? ¿Podemos ir a promover el negocio inmobiliario, la venta de bicicletas y de productos y no hay problema? No. El que no tiene visa de trabajo y hace eso va a la cárcel. Entonces con qué autoridad moral está diciendo que va a sacar a los indocumentados cuando él, al menos hasta hoy, con todas las evidencias que tenemos, trabajó en forma indocumentada en nuestro país”.

–¿Él o su personal?

–Y él mismo. Ahí estaban los anuncios espectaculares en los terrenos donde se iba a hacer el desarrollo y en televisión. Aparecía su imagen, la de él y de su hija. Y está la voz de él diciendo que vinieran a Baja.

 

Osorio no sabía

No es la primera vez que Trump está envuelto en un litigio en México: También en 2006 se asoció con la empresa Comercializadora Ronac, del empresario Rodolfo Rosas Moya –vinculado al entonces gobernador Félix González Canto– para realizar en México el concurso Miss Universo en 2007, pero terminaron peleados y el litigio prevalece.

En 2008, un proyecto de Trump para el complejo de lujo de Punta Arrecifes Resort, en Cozumel, se canceló luego de que los hijos del magnate, Donald Jr., e Ivanka, se reu­nieron con el alcalde panista de Cozumel, Gustavo Ortega Joaquín, quien les pidió 20 millones de dólares de “moche” para cambiar el uso de suelo (Proceso 2058).

Quizá la demanda de Martínez Veloz sea la primera directa contra Trump, y según él no tuvo conocimiento previo de la misma su jefe, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, identificado como aspirante presidencial.

–¿Lo consultó con Osorio Chong?

–No, con nadie, porque es una decisión personal, de vida. Si esto implica un costo, lo pago. También tengo que decir que hasta hoy no tengo ninguna llamada de atención. Han sido respetuosos de mi postura, porque siempre trato, en todas mis acciones dentro de la institución y fuera, de conducirme con el respaldo de los instrumentos jurídicos y con la información objetiva y fundada de los temas que estoy tratando.

De hecho, para no dar lugar a interpretaciones, ni siquiera ha buscado a Osorio para tratar asuntos de su competencia, como son entre otros los conflictos sociales en zonas indígenas que él debe atender. Se trata de una iniciativa personal, con la convicción de que “en tiempos de crisis no hay matices”, dice citando a un “viejo chiapaneco”.

Provisto de amplia documentación que sustenta su denuncia, Martínez Veloz cita también la expresión del ex embajador Jorge Montaño que, a su juicio, es la que mejor define la relación de México con Estados Unidos: “Con los estadunidenses vamos a ser vecinos siempre, vamos a ser socios en algunas ocasiones y amigos nunca”.

Por lo pronto, la PGR confirmó que ya se inició la investigación a cargo de Alfredo Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional, Procedimiento Penal y Amparo, a quien dirigió la ampliación de la denuncia.

–¿Pero realmente tiene posibilidades de avanzar?

–¿Qué pasaría si se desecha una denuncia de una persona que vende terrenos donde lo prohíbe la Constitución, donde hace negocios y no paga impuestos, donde hay requisitos legales para invertir y no los cumple y además es hoy el presidente de Estados Unidos y es el que dice que los mexicanos que van a Estados Unidos son lo peor? Esta denuncia puede servir al Estado mexicano para equilibrar la balanza de la relación. Son hechos de carácter delictivo, no importa quién los haya hecho.

–¿Al extremo de que Trump pueda ser llamado a comparecer?

–Nosotros estamos solicitando que sea citado, sea ubicado por la Interpol y comparezca ante la autoridad y se consigne para emitirse la orden de detención correspondiente.

–¿Tendrían que comparecer también funcionarios mexicanos implicados?

–¡Claro! A ver: ¿quiénes eran las autoridades municipales? Era Jorge Hank. También las autoridades hacendarias, de Relaciones Exteriores y de Migración.

Martínez Veloz insiste en que Videgaray y Guajardo debieron regresar a México cuando Trump, antes de iniciar el diálogo, anunció la construcción del muro y cree que Peña no ha sido bien asesorado en ese aspecto.

“No se trata de tener una actitud radical o de hacer una rabieta ni tampoco de romper el diálogo con Estados Unidos. Simplemente ese día no había que estar ahí. Trump trabaja con la lógica de los capos: además de agredirnos en público, pretendía y pretende humillarnos cada vez que pueda.”

Concluye: “(Trump) tiene olfato, le gusta que le teman y tener a su presa a la defensiva y exhibir su supuesto poder. Por estas razones he aprendido de la vida que puedes perder muchas cosas, menos que te falten al respeto, porque si no tu vida será un infierno moral y tus adversarios te tomarán la medida para doblarte”.

(Reportaje de Álvaro Delgado para Proceso)

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