“Nosotros como consejo de comunidad, no podemos negociar algo que de ante mano es irregular, como el cambio de uso de suelo, los estudios de impacto ambiental y urbano, la consulta a los pueblos; nosotros no podemos como pueblos originarios legalizar lo ilegal y menos la imposición de proyectos en Xochimilco”, manifiesta Ricardo Acosta Rosas, representante del consejo del pueblo Xochitepec, a más de un año de enterarse de la construcción de un club hípico y con dos amparos por resolver ante la violación de su derecho a la consulta.
Santa Cruz Xochitepec es un pueblo originario de la delegación de Xochimilco en el Distrito federal. Tiene cerca de 14 mil habitantes y ahí se conserva el cerro de Santa Cruz, de aproximadamente cien hectáreas, un lugar importante para la comunidad por ser su patrimonio cultural y ambiental.
El cerro de La Cruz y sus faldas están declarados como suelo de conservación, es decir, que se debe promover, en la práctica, el uso sustentable del suelo. Pero éste ya ha sido intervenido, explica Ricardo Acosta, con el proyecto de fraccionamiento Club Hípico, impulsado desde los años ochenta, con intereses políticos y empresariales de por medio.
El cerro de Xochitepec es una zona de las más importantes que hay en el Distrito Federal, indica Acosta Rosas, y estos proyectos afectaran gravemente las recargas pluviales, el medio ambiente y la vida social de la comunidad. “Es importante que se conserven estos lugares, porque ya la mancha de la urbanización nos está tragando cada vez más”, afirma.
El plan de fraccionamiento de unos 70 mil metros cuadrados es parte de un megaproyecto en la delegación de Xochimilco, que contempla desde desarrollos urbanísticos hasta tiendas de autoservicio y amenaza la vida y los recursos de los diferentes pueblos originarios, reclama Ricardo Acosta. “Son obras”, dice, que no benefician en nada a la comunidad, si ahora hay problemas de agua, con el tiempo será imposible vivir acá”.
El representante del consejo del pueblo de Xochitepec denuncia que esta obra es totalmente ilegal e irregular, además de impositiva, lo que hace que la gente no crea en ese tipo de proyectos, que supuestamente traen beneficios.
“Acá tenemos problemas de inseguridad, de inundaciones y de tala de algunos árboles, la mancha urbana que se está comiendo parte del cerro, y el gobierno quiere chantajear a la gente con solucionar estos problemas, con tal de que dejemos que se lleve a cabo el proyecto”, explica Acosta Rosas y añade que la comunidad no ha aceptado las ofertas que el gobierno ha hecho, porque de alguna manera son problemas que se han generado por omisión de ellos y lo quieren utilizar para que la comunidad desista de los amparos y de la lucha.
El Distrito Federal lo que necesita son bosques y todos se los están acabando, refiere Ricardo Acosta. La ciudad presenta un problema de suministro de agua como nunca y “si quiere acabar con estos lugares que son un pulmón para la ciudad y una fuente de agua, ¿el gobierno que quiere entonces?”.
La problemática del agua se ha agudizado, y para Ricardo Acosta es debido a estos proyectos “Xochimilco tiene un gran problema de agua, a pesar de que tenemos las principales reservas, paradójicamente no nos satisface a toda la región. Hace dos semanas hubo un problema con el suministro de agua durante casi siete días; en el cerro se recargan los mantos acuíferos, si se le pone cemento, que nos va a quedar entonces”.
La lucha legal
Los habitantes de Xochitepec realizaron una consulta, como lo avala la ley por ser pueblos originarios, explica el abogado del consejo de pueblos. Alejandro Velázquez Zúñiga, quien informa que la consulta arrojó que casi el noventa por ciento de la población no está a favor de la obra; sin embargo, el gobierno la desconoció y autorizó la continuidad de la obra a pesar de las irregularidades.
Se han interpuesto dos juicios de amparo desde que se conoció el proyecto, informa el abogado, en los que se está reclamando la violación a la consulta previa, de los estudios de impacto ambiental y urbano y de los demás permisos del gobierno para dar comienzo a la obra y “hemos encontrado mucho desconocimiento de parte de las autoridades de lo que implica el derecho de la consulta previa y muy poca sensibilidad al respeto de nuestro derechos”.
“El juzgado del Distrito Federal dice que ellos no pueden otorgar la suspensión de una obra porque va a traer beneficios al pueblo, como empleos y desarrollo; y según ellos la consulta es justamente para decirle a la gente qué beneficios va a traerle, cuando la gente en lo que menos piensa es en los empleos”, advierte Alejandro Velázquez.
Ahora se encuentran en la etapa de revisión de la resolución que les negó la suspensión de la obra, “en tanto no se dé el juicio de amparo y se reconozca el derecho de consulta de los pueblos, no sólo en Xochitepec, sino en todos los pueblos que afectarán por estas obras”, advierte el abogado.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno del Distrito Federal, autorizó el cambio de uso de suelo y con la delegación de Xochimilco otorgaron un permiso de construcción especial en dos etapas a la empresa Tepepan Country Club S.C, informa Acosta Rosas. “Este proyecto nos está afectando más de nueve hectáreas, además de la invasión de la zona de propiedad comunal de Santa Cruz de Xochitepec”, añade.
Al haber tantos proyectos para esta región, el gobierno instaló una mesa de trabajo, informa en entrevista con Desinformémonos el representante del consejo. Pero “en realidad lo único que quería el gobierno era que la gente validara la obra; su papel ha sido casi de abogado de las empresas”.
Además de las irregularidades de los diferentes proyectos, el gobierno está empeñado en acabar con la historia de los pueblos, explica Ricardo Acosta, como es el caso de los panteones, muchos de ellos construidos por la comunidad y ahora los quieren privatizar para continuar con una urbanización desaforada.
“La delegación de Xochimilco y el gobierno trabajan de la mano con el club hípicopara generar simpatía de la gente con el proyecto; pero a pesar de todo el trabajo sucio no lo han logrado; este gobierno está creando leyes que no toman en cuenta a los pueblos originarios, porque hay muchos proyectos de megadesarrollo en la puerta de muchos pueblos del Distrito federal”, sentencia Acosta Rosas.
Ahora, la justificación del subsecretario Ricardo Ríos Garza, es que los terrenos no están en el pueblo de Santa Cruz, “él dice que están en los límites del cerro, cuando existe hasta una escritura en donde está establecido que es de nuestra propiedad”, expresa Acosta.
La tarea de los pueblos originarios, manifiesta el representante del consejo, no es avalar las irregularidades de las empresas y el gobierno con los proyectos que quieren imponer, pues estas obras sólo benefician a unos pocos. “Lo único que queremos es que respeten nuestra decisión, porque no sólo somos nosotros, son muchos pueblos de Xochimilco”, dice.
La participación de la comunidad ha sido extensa, relata el abogado, todos y todas se han organizado y ante la inconformidad y la lucha ya sobrepasó las fronteras de Xochimilco.
“Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para no dejar pasar este proyecto, porque hay muchos otros planeados para Xochimilco, y defenderlo desde ahora implica no permitir que el gobierno y las empresas se valgan de lo que sea para hacer sus proyectos. Nosotros debemos de demostrar que si se puede detener”, sentencia Ricardo Acosta.
Para el abogado y el representante del Consejo del Pueblo de Xochitepec “esta lucha no sólo es del pueblo de Xochimilco, debe de ser de todos y todas, porque si se pierden los pocos recursos naturales que le queda al Distrito Federal, pues esta ciudad no tendrá mucho futuro”.
Con información de Desinformémonos