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Omisión oficial en tortura es complicidad, dice la Corte

corteLas autoridades del Estado están obligados a investigar, enjuiciar y castigar a todos aquellos que cometan actos de tortura o malos tratos; no hacerlo, convierte al Estado y a sus funcionarios en autores, cómplices o responsables, aseguró el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza.

Insistió que la no actuación de cualquier funcionarios público frente a estos posibles hechos, representa una forma de tolerancia frente a dichos actos, enviando un mensaje de impunidad y una fuente potencial de responsabilidad internacional del Estado.

Al presentar el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos”, el ministro Silva Meza precisó que este documento comprende también otros delitos o malos tratos relacionados, como encubrimiento, intimidación o cohecho, toda vez que el delito de tortura suele ir acompañado, precedido o secundado por otros ilícitos penales y violaciones a los derechos humanos que constituyen su campo de cultivo.

Ante la mayoría de los ministros de la Corte y funcionarios de Naciones Unidas, el presidente de la SCJN dijo que uno de los mayores retos que tiene el país es lograr que los derechos humanos reconocidos en el sistema jurídico mexicanos sean precisamente una realidad.

El ministro Silva Meza informó que el protocolo, que ya se puede consultar en la página web de la Corte, se pondrá al alcance de mil 250 jueces y juezas, magistrados y magistradas federales, y 800 defensores públicos federales.

“Nuestra intención no es otro más que contribuir a erradicar los hechos constitutivos de tortura y los malos tratos, prácticas que sólo abonan al desprestigio y desconfianza de la sociedad en las autoridades”, dijo durante el acto realizado en el área de murales de la Corte.

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