Numerosas organizaciones pro-derechos civiles y administraciones locales anunciaron hoy medidas legales contra la ley estatal que prohibirá las “ciudades santuario” en Texas (EE.UU.), ratificada este domingo por sorpresa por el gobernador del estado, el republicano Greg Abbott.
Esta legislación, conocida como SB4, que penaliza a los Gobiernos locales e instituciones que no cooperen con las autoridades migratorias federales en la identificación de los inmigrantes indocumentados, podría acarrear penas de cárcel para los sheriffs texanos encargados de las oficinas que no cooperen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El mandatario firmó anoche también una enmienda aprobada la semana pasada por la Cámara de Representantes que permitirá a los agentes de policía cuestionar el estatus migratorio de las personas detenidas en Texas.
Según esta adición, muy similar a una aprobada en Arizona en 2010 conocida popularmente como “enséñame los papeles”, las autoridades policiales podrán preguntar el estatus migratorio de las personas que, por ejemplo, detengan por un asunto de tránsito.
“No nos vamos a quedar de brazos cruzados ante una ley que es racista y anticonstitucional y que traiciona a una amplia parte de nuestra comunidad”, apuntó en una conferencia telefónica el concejal de la ciudad de Austin, Greg Casar.
Aunque dijo no poder dar más detalles sobre la estrategia legal para frenar la ley, aseguró que los recursos estarán listos antes del 1 de septiembre, fecha prevista para que la ley entre en vigor, según estipulan las reglas de la legislación texana.
Avanzó que estarán relacionados con la violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege la privacidad ante registros arbitrarios, con cuestiones de políticas migratorias que son de responsabilidad federal, y con temas relacionados con los recursos de las policías locales, entre otras cuestiones.
Además del ayuntamiento de Austin, varias organizaciones como Work Defense Project, Grassroots Leadership, Texas Organizing Project, United We Dream, ACLU, MALDEF y Mi Familia Vota anunciaron que están estudiando cómo abordar la batalla legal contra la ley.
José Garza, director ejecutivo de Workers Project Defense, grupo que aboga por los derechos de los trabajadores con ingresos bajos, aseveró que lucharán contra esta ley “en la calle, en la corte y en las urnas electorales” porque, en caso de hacerse efectiva, “tendrá un efecto devastador para las familias latinas de Texas”.
Otros participantes coincidieron en señalar que la medida sancionada por Abbott incrementa los perfiles raciales y potencia el miedo entre las comunidades de inmigrantes en su día a día.
“El SB4 margina a la gente de color, que tendrá temor a conducir, ir a trabajar, ir a buscar a sus hijos al colegio…”, lamentó Mary Moreno, quien coordina las comunicaciones de Texas Organizing Project, grupo con sede en Houston que lucha por la equidad social.
Además, estos activistas criticaron con dureza que el gobernador texano firmase esta ley un domingo por la noche con una retransmisión a través de Facebook, un acto que calificaron de “cobarde” y destinado a no dar pie a preguntas de los periodistas.
En declaraciones a Efe, el director regional de la organización hispana Mi Familia Vota, Carlos Duarte, destacó que si finalmente entra en vigor esta ley, centrarán todos sus esfuerzos en reportar abusos en su implementación y en educar a la comunidad latina acerca de sus derechos.
Otros sectores, incluyendo el económico, el religioso y el cultural han mostrado su disconformidad con esta ley desde que la propuso el senador estatal republicano Charles Perry.
La aprobación ya ha sido rechazada por artistas como el actor colombo-estadounidense John Leguizamo, hoy anunció la cancelación de una gira por Texas.
También la Cancillería mexicana emitió hoy un comunicado en el que dijo que esta ley podría tener “efectos negativos” en la comunidad mexicana y de origen mexicano, que representa cerca de una tercera de la población texana.
(Nota de EFE)