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Piden investigar uso ilegal de recursos públicos en elecciones de la CDMX

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Electoral en la Ciudad de México investigar el presunto uso ilegal de recursos públicos por parte del gobierno capitalino, por el presunto uso indebido de los programas sociales Seguro de Desempleo, y la condonación total del pago por el suministro de agua a los contribuyentes de diversas jefaturas delegaciones.
La queja fue presentada por el PAN e incluye la repartición de tinacos en la colonia Ajusco, de la delegación Coyoacán, y la compra de votos por parte de Miguel Ángel Rojas, líder regional de Unidades Habitacionales de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, a favor del PRD, a cambio de cierta suma de dinero y con la promesa de inscribir a diversos ciudadanos al programa social de empleo temporal.
De igual forma, la Sala Superior del TEPJF consideró que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE debe investigar lo relacionado al supuesto crecimiento atípico del Padrón Electoral de la Ciudad de México.
A decir del PAN, dicho crecimiento derivó de la migración de diversos votantes pertenecientes a distintos municipios del Estado de México hacia esta ciudad, a fin de obtener la credencial de elector y coaccionar el voto del electorado.
El agravio relacionado con el crecimiento atípico del padrón electoral de la Ciudad de México, lo procedente es remitir copia del escrito de queja a la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral (INE), para que determine si es procedente iniciar algún procedimiento de investigación o sancionatorio al respecto.
El pasado 11 de junio, la Junta Local Ejecutiva del INE en la Ciudad de México radicó la queja del PAN y determinó desecharla al considerar que los hechos denunciados no constituían una violación en materia de propaganda político electoral.
Por unanimidad, los magistrados electorales señalaron durante la sesión pública de ayer que “indebidamente, la autoridad responsable dejó de advertir que las conductas denunciadas estaban relacionadas con la obligación que tienen los servidores públicos de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad”.
“Así como la debida utilización de los programas sociales bajo su dirección, con la finalidad de evitar que se influya en la equidad de la contienda electoral para elegir a la Asamblea Constituyente”, concluyó.
(Nota de Luciano Franco para La Crónica)

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