Aún no es una constante, pero cada vez se escucha más que los delincuentes pueden salir libres en el sistema penal acusatorio por errores cometidos durante la investigación del delito. Ricardo Paredes Calderón, magistrado de Circuito, abordó este tema como expositor principal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), y señaló que el nuevo sistema no ha estado exento de problemas, porque exige el mayor rigor en las investigaciones y en los momentos de los actos para detener a los delincuentes.
Sin embargo, asegura, el paso a juicios orales y el surgimiento de instancias de conciliación y reparación del daño causado a una víctima es lo mejor que podía ocurrir al sistema judicial mexicano.
El magistrado, ponente principal el pasado miércoles en Inacipe, indicó que los delincuentes en ocasiones “aprovechan los errores cometidos durante la cadena de custodia, para evadir la acción de la justicia”, lo que hace indispensable que la investigación de policías y fiscales aporten elementos suficientes, que los aseguramientos (retención de objetos que pueden ser prueba en el juicio) cumplan con todos los requisitos de ley.
Gerardo Laveaga, director general del Inacipe, acompañó al magistrado durante la exposición y señaló que si en un caso se obtiene un elemento de prueba de forma ilícita, esto no quiere decir que el resto de la investigación deba ser desechada, ni que el imputado logre de inmediato su libertad.
Laveaga agregó que los Ministerios Públicos (o la nueva figura de fiscal) debe cuidar cabalmente los tiempos marcados por el Código Penal, utilizar los instrumentos científicos y tecnológicos con los que ya se cuenta para que, en su momento, el juez legalice las detenciones, los aseguramientos y ejecute la acción penal contra las personas a las que se les compruebe la culpabilidad.
A lo anterior, el magistrado Paredes agregó que deben cuidarse también los procedimientos que aplica la autoridad que ejerce facultades de seguridad pública (el policía) ante un ciudadano. Sólo un procedimiento adecuado para realizar una detención de un presunto responsable de un delito, indicó, será calificado de “válido” por parte del juez de Control.
Paredes Calderón, cuya exposición fue titulada “La prueba ilícita: Un antídoto para el fruto envenenado”, indicó que invitarlo a él y a otros especialistas a reflexionar sobre este tema es parte de lo que la Procuraduría General de la República implementa para que el sistema de justicia penal acusatorio se consolide.
Paredes y Laveaga recordaron casos tristemente célebres para explicar sus aseveraciones a la audiencia conformada por abogados y funcionarios de procuración de justicia. Al no seguir, paso a paso, todos los protocolos, el imputado, aún siendo culpable, puede lograr la libertad.
Laveaga puntualizó que los abogados de los capos del narcotráfico, y del crimen organizado en general, están siempre muy atentos a estos detalles, porque buscan cualquier error en los procedimientos para impugnar las detenciones de sus clientes.
Basta recordar, agregó, el caso de la secuestradora francesa Florence Cassez, quien obtuvo su libertad debido a un error de procedimiento en su detención cuando ya capturada, se le obligó a “actuar” el momento de su aprehensión ante cámaras de televisión.
Ese es quizá, apuntó Paredes Calderón, el caso más significativo de una persona a la que se le comprobó su delito, pero que aquel error procedimental le permitió evadir la sentencia que merecía, y ahora se encuentra en su país natal, Francia, y hasta se dio el lujo de amenazar con demandar a las “malas autoridades mexicanas”.
(Nota de Luciano Franco para La Crónica)