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Suprema Corte de México da un primer revés a polémica Ley de Seguridad Interior

MÉXICO, (RT), 13 de noviembre de 2018 .- Seis ministros de la la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) declaran inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. Faltan dos votos más.

La Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) dio un duro revés este martes a la polémica Ley de Seguridad Interior (LSI), que faculta a las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública.

Durante la sesión de este martes, seis de los once ministros de la Suprema Corte votaron por la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, argumentando que la seguridad pública atañe a civiles, no a militares.

El ministro José Ramón Cossío Díaz argumentó que las labores de seguridad pública únicamente pueden realizarse por autoridades civiles, y que la ley pretende incorporar el término seguridad interior a seguridad nacional para regular al Ejército en tiempos de paz.

Por su parte, el ministro Arturo Zaldívar señaló que los estándares en el uso de la fuerza incorporados a la Ley de Seguridad Interior son excesivamente amplios y generales, al tiempo que consideró un “fraude a la Constitución” que se regule el concepto de seguridad interior como seguridad pública.

Será hasta el jueves que se reanude la sesión de la Suprema Corte de México, en espera del pronunciamiento de cuatro ministros más. Con dos votos adicionales en contra, sumados a los seis de este martes, se declararía inconstitucional a Ley de Seguridad Interior.

La polémica ley

En el marco de la “guerra contra las drogas”, que inició cuando el expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) ordenó el despliegue de las fuerzas armadas en las calles a finales de 2006, tanto el Ejército como la Marina pidieron un marco constitucional para regular su actuación.

Con la dirección del partido del presidente Enrique Peña Nieto, el PRI, la propuesta de Ley de Seguridad Interior fue aprobada por el Congreso mexicano el 15 de diciembre de 2017, pese a las críticas de organizaciones de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Tanto la CNDH como la ONU señalaron los riesgos de una ley que otorgaba facultades discrecionales a las fuerzas armadas, en un contexto de militarización y constantes denuncias de violaciones a derechos humanos por parte del Ejército y la Marina.

VP/NACIONAL/AM

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