La Secretaría de Comunicación y de Transportes (SCT) tendrá que hacer pública la solicitud para el pago de gastos no recuperables que hizo China Railway tras la cancelación del fallo que lo daba ganador de la licitación del Tren México-Querétaro, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La dependencia a cargo de Gerardo Ruiz Esparza había reservado esta información por seis años bajo el argumento de que se encontraba en un proceso deliberativo y podría causar daño su divulgación.
“Este Instituto considera procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (…) y ordenarle que proporcione en versión pública la solicitud de reclamación para el pago de los gastos no recuperables, debiendo resguardar información susceptible de ser clasificada”, señala la resolución del comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford aprobada el 29 de abril pasado por unanimidad en el Pleno y notificada a CNNExpansión este martes.
En el documento, el cual la dependencia tiene 10 días para elaborar, podrá evitar detallar el monto que solicita la compañía china.
El comisionado determinó que si bien se debe resguardar la información relacionada con los gastos efectuados, el documento de la propuesta y el nombre de quién suscribe la solicitud serán públicos, de acuerdo con la resolución al recurso de revisión RDA 1578/15.
La SCT no estuvo inmediatamente disponible para opinar al respecto.
El 3 de noviembre, la SCT anunció que la licitación fue ganada por el consorcio integrado por China Railway, China South Rolling, Prodemex, Grupo GIA, Constructora Teya y GHP Infraestructura Mexicana.
Sin embargo, dos días después, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó revocar el fallo argumentando cuestionamientos al concurso y se anunció una nueva licitación, aunque posteriormente el proyecto fue suspendido indefinidamente.
China Railway solicitó la indemnización al Gobierno por la revocación del fallo con base en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas. Entre los gastos que se pueden reclamar se encuentran viáticos de las personas que asistieron a la presentación de ofertas, juntas de aclaraciones, visitas al sitio y el fallo, así como honorarios a personal, el costo de emisión de garantías, y cuestiones de papelería y oficinas.
“Fue una solicitud de común acuerdo platicada para que se les reembolse lo que tienen derecho a reembolsar”, dijo en febrero el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.
Parte de la polémica que generó la obra fue que en el consorcio participaba Constructora Teya, filial de Grupo Higa de Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista del Gobierno que ayudó a la esposa del presidente, Angélica Rivera, y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a conseguir lujosas casas.
Fuente: CNN Expansión