Un total de 26 campos en tierra, con profundidades de entre 500 y 6,900 metros en seis entidades del país serán adjudicados a privados mediante la modalidad de contratos de licencias en la tercera fase de la Ronda Uno de licitaciones petroleras en México, acordó el órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Estos campos, ubicados en Nuevo León, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y Coahuila, tienen un volumen original de 2,500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente repartido en campos con extensiones que van desde 16 hasta 135 kilómetros cuadrados.
La publicación de las bases de licitación, así como los modelos de contrato, serán publicados este martes 12 de mayo en el Diario Oficial de la Federación. La fecha de adjudicación de los 26 contratos está prevista para el 15 de diciembre, aseguró Juan Carlos Zepeda, presidente de la CNH.
A diferencia de las dos fases anteriores de licitaciones para esta Ronda Uno –que fueron para exploración y desarrollo en aguas someras del Golfo de México– estos campos terrestres se licitan con el objetivo de detonar el surgimiento de la industria petrolera mexicana, ya que requieren de tecnología menos avanzada para su explotación, explicaron los comisionados de la CNH en la décimo cuarta sesión extraordinaria del regulador en lo que va del año.
Además, entre los requisitos de precalificación para las empresas no se pedirá experiencia como empresa en campos similares sino la presentación del currículum del personal que conforma estas firmas, con lo que “nuestro mayor activo, que son nuestros ingenieros mexicanos, podrán aportar al crecimiento del sector”, dijo Juan Carlos Zepeda.
Dado que los campos se ubican en tierra, en esta fase de licitaciones se requiere de especial atención a las condiciones socioeconómicas de los territorios donde se llevará a cabo la licitación, por lo que la Ley de Hidrocarburos contempla la obligación de un estudio de impacto social en cada una de las comunidades a las que llegarán las empresas.
Este estudio debía ser realizado por cada una de las empresas, sin embargo, el comisionado Héctor Acosta planteó la posibilidad de elaborar un convenio con la Secretaría de Energía para que sea el gobierno federal el que realiza estos estudios que entonces se pondrían a disposición de las empresas en el cuarto de datos.
Con información de El Economista