ESPAÑA, 1 oct (RT).- El peligro de ser defensor de Derechos Humanos en Guatemala lo atestigua el último informe de la Oficina para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en el país. El dosier recoge que tan solo en 2017 y 2018 se produjeron 884 ataques contra estos activistas, entre los que se cuentan 39 asesinatos. Cifra, ésta última, que continúa elevándose con muertes como la de la activista medioambiental Diana Isabel Hernández, que fue asesinada a tiros el pasado 14 de septiembre en el departamento guatemalteco de Suchitepéquez.
De esta peligrosidad da cuenta Ana Rutilia Ical Choc, vecina del municipio de San Pedro Carchá y miembro de la comunidad quekchí. Esta activista medioambiental es catedrática y llegó a ser candidata a diputada en el Congreso de Guatemala. Su visibilidad actual se circunscribe a la defensa del río Cahabón, donde un megaproyecto hidroeléctrico está despojando del agua a 29.000 pobladores de la región. Se trata del mismo complejo contra el que se alzó Lolita Chávez, líder mundial en la lucha por preservar los recursos naturales y finalista del premio Sájarov que otorga el Parlamento Europeo, y que debido a los ataques y amenazas de muerte recibidas se encuentra exiliada desde 2017 en España.
Ana Rutilia Ical cuenta a RT cómo se introdujo en la lucha primero social y después medioambiental: “Me inculcaron muchos valores y principios desde muy pequeña. Somos solo parte y pasajeros de este mundo”, dice la entrevistada, que relata también cómo a nivel familiar, pero también como parte de la esencia de su pueblo quekchí, el cuidado de la naturaleza es esencial: “Somos solo un elemento más, no somos los ‘dueños de’. No se trata de buscar una posición o ser una líder, simplemente es un deber para nosotros como pueblo originario, como pueblo quekchí, el defender todos los elementos indispensables para vivir”.
Esta líder indígena es licenciada en Ciencias Jurídicas y durante su activismo ha sido maestra, locutora, cofundadora de la Academia de las lenguas mayas y miembro de la Defensoría de la Mujer Indígena de Cobán. Precisamente sus actividades en defensa de los recursos naturales de su pueblo le costó perder este último trabajo, que había desarrollado durante cinco años.
Comenzó a involucrarse más en 1983, cuando en el marco de la guerra civil que atravesaba el país, uno de sus hermanos desapareció y ella comenzó su búsqueda. Fue entonces, narra, cuando comenzó a conocer a otras instituciones y otras personas, y desde entonces lucha.
Esta defensora del territorio y de los recursos naturales ligados a su pueblo es una de las protagonistas de ‘DestieRRRadas’, la campaña que ha lanzado la ONG Alianza por la Solidaridad para visibilizar la violencia de género que sufren las mujeres activistas de este campo y lograr que se implementen políticas de protección para ellas.
Ana Rutilia Ical corrobora la sensación de peligro que enfrentan quienes luchan por el medio ambiente en Guatemala: “Aquí vivimos en un Estado donde el manifestarte, el alzar la voz, conlleva represión. Puedes ser silenciada, asesinada. Pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?”, se pregunta la activista.
Además, el ser mujer acarrea una revictimización. El acoso y agresiones que sufren llevan la marca de la discriminación de género. Las consecuencias más graves para estas mujeres son, al igual que en el caso de los hombres, las amenazas y agresiones, llegando al asesinato. Pero además, se enfrentan al ataque a su dignidad personal en países en los que no se ha avanzado tanto como en otras sociedades en la igualdad de género y en el que las agresiones sexuales llegaron a ser utilizadas como arma de guerra.
Muchas defensoras sufren calumnias, las califican de prostitutas, les acusan de desatender sus familias, les inventan romances y las señalan como malas esposas y malas madres. También se arriesgan a la pérdida del empleo, a las amenazas a su núcleo familiar o a la criminalización mediante denuncias penales inventadas.
Según el informe de Alianza por la Solidaridad, en la región centroamericana el 54 % de los agresores identificados son policías, militares, funcionarios o autoridades de distinto nivel de Gobierno, con frecuencia en el entorno de actividades de protesta por los proyectos empresariales. Solo el 10 % de los agresores estarían directamente vinculados a las compañías, aunque las defensoras refieren que las corporaciones utilizan vías indirectas para amenazarlas o agredirlas.
Ahora mismo Ana Rutilia Ical reconoce que la cuestión ambiental es su vida: “No soporto la destrucción, el destrozo de los bienes naturales”, dice. No es la única. En el país muchas personas están alzando la voz para denunciar la extracción de recursos naturales, el incumplimiento de legislaciones internacionales, la ineficacia de las instituciones o el acoso al que se encuentran sometidos quienes intentan evitarlo.
Pero el problema es global. Según el Atlas de Justicia Ambiental, en el mundo hay más de 2.900 conflictos relacionados con el medio ambiente y 347 defensores y defensoras fueron asesinados en 2018. De acuerdo con la organización Front Line Defenders, el 67 % de los defensores de Derechos Humanos asesinados en 2017 defendían derechos relacionados con el territorio, los recursos humanos y la defensa de sus pueblos y culturas indígenas, y tan solo en el 12 % de esos casos se ha producido el arresto de algún sospechoso.
Solo en la región centroamericana, según los datos del Registro Mesoamericano de Agresiones a Defensoras de Derechos Humanos, se contabilizaron 2.197 agresiones a mujeres activistas en el periodo que abarca 2015 y 2016. En Guatemala fueron 231.
Ana Rutilia Ical corrobora la sensación de peligro que enfrentan quienes luchan por el medio ambiente en Guatemala: “Aquí vivimos en un Estado donde el manifestarte, el alzar la voz, conlleva represión. Puedes ser silenciada, asesinada. Pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?”, se pregunta la activista.
Además, el ser mujer acarrea una revictimización. El acoso y agresiones que sufren llevan la marca de la discriminación de género. Las consecuencias más graves para estas mujeres son, al igual que en el caso de los hombres, las amenazas y agresiones, llegando al asesinato. Pero además, se enfrentan al ataque a su dignidad personal en países en los que no se ha avanzado tanto como en otras sociedades en la igualdad de género y en el que las agresiones sexuales llegaron a ser utilizadas como arma de guerra.
Muchas defensoras sufren calumnias, las califican de prostitutas, les acusan de desatender sus familias, les inventan romances y las señalan como malas esposas y malas madres. También se arriesgan a la pérdida del empleo, a las amenazas a su núcleo familiar o a la criminalización mediante denuncias penales inventadas.
Según el informe de Alianza por la Solidaridad, en la región centroamericana el 54 % de los agresores identificados son policías, militares, funcionarios o autoridades de distinto nivel de Gobierno, con frecuencia en el entorno de actividades de protesta por los proyectos empresariales. Solo el 10 % de los agresores estarían directamente vinculados a las compañías, aunque las defensoras refieren que las corporaciones utilizan vías indirectas para amenazarlas o agredirlas.
VP/INTERNACIONAL/PG