La Fiscalía brasileña denunció ayer lunes al ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, a quien señala cuatro delitos, por supuesta corrupción en beneficio personal y de sus parientes por negocios de la constructora Odebrecht en Angola.
El ex presidente, imputado en otra causa por supuesta corrupción y lavado de dinero en la Operación Lava Jato, fue acusado de organización criminal, lavado de dinero, tráfico de influencias y corrupción pasiva por los negocios en esa nación africana.
La denuncia presentada ayer se enmarca en la Operación Janus, una investigación lanzada en mayo pasado y que es diferente a la Lava Jato, que se centra en los desvíos desde la estatal petrolera Petrobras.
Señala que a cambio de supuestos beneficios personales, Lula habría actuado entre 2008 y 2015 para que Odebrecht tuviera acceso a millonarios créditos blandos del banco estatal brasileño de desarrollo BNDES, con el fin de realizar obras de ingeniería en el país africano.
“Los crímenes se produjeron entre por lo menos 2008 y 2015 e involucraron la actuación de Lula en el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, y otros órganos con sede en Brasilia”, señala la Fiscalía en un comunicado.
El político brasilero pretendía “garantizar la liberación de financiación por el banco público para la realización de obras de ingeniería en Angola”, de acuerdo con el Ministerio Público.
A cambio, la empresa de construcción habría pagado 30 millones de reales (aproximadamente unos nueve millones de dólares) en retribución a sus gestiones, por medio de conferencias pronunciadas por Lula, así como el pago de gastos personales de su hermano José Ferreira da Silva.
Asimismo, el sobrino de la primera esposa de Lula, el empresario Taigura Rodrigues do Santos, también habría recibido parte del soborno, al firmar contratos con Odebrecht para obras en Angola por medio de la intermediación del ex presidente.
Odebrecht, la mayor constructora de Brasil y una de las empresas en el centro de la trama de desvíos de dinero desde la estatal Petrobras para partidos políticos, habría pagado 20.6 millones de reales a la empresa de Rodrigues do Santos (Exergia Brasil) entre 2009 y 2015, por contratos en Angola que la policía sospecha que no fueron ejecutados.
“En el caso del ex presidente, las penas máximas sumadas llegan por lo menos a 35 años de reclusión, además de multa. El empresario Marcelo Odebrecht, de ser condenado, podrá pagar al menos treinta años de prisión”, detalló el comunicado del Ministerio Público.
Lula dijo la semana pasada que no cometió ninguna irregularidad, y se dijo objeto de una “persecución mediática” para dañar su imagen.
Cristiano Zanin, abogado del ex mandatario, dijo en una conferencia de prensa que no tiene acceso a la pesquisa y que su cliente no podría haber interferido porque el banco de desarrollo de Brasil sólo toma decisiones colegiadas. Refutó también la acusación efectuada por los fiscales de que los discursos pronunciados por Lula eran en realidad una fachada para canalizar sobornos. “No ha habido respeto para las garantías legales del ex presidente”, dijo el jurista.
La Justicia debe decidir ahora si acepta la denuncia. De producirse, Lula estaría imputado por segunda vez.
El caso está ahora en manos del juez Sergio Moro, quien dirige la Lava Jato, y en caso de ser condenado Lula podría perder la posibilidad de presentarse a los comicios electorales presidenciales de 2018.
(Nota de La Razón)