Voces del Periodista Diario

Comunidad indígena de Ecuador retiene a dos policías y una funcionaria para exigir la entrega de un líder fallecido por Covid-19

* El cuerpo que reclaman, desde hace un mes, es el del líder indígena Alberto Mashutak.

QUITO (RT) 03 de julio de 2020.- Indígenas shuar de la comunidad de Kumay, en la provincia de Pastaza, al oriente de Ecuador, retuvieron a dos policías y una funcionaria de la gobernación de esa entidad, para exigir a cambio la entrega de un ciudadano que falleció por Covid-19.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló que el fallecido por coronavirus que reclama la comunidad fue enterrado en el cantón (municipio) Mera, en Pastaza, según los protocolos establecidos durante la pandemia.

“Estos protocolos existen para evitar nuevos riesgos de contagio en la población. Es una medida sanitaria aquí y la mayoría de países del mundo. Los policías no pueden ser considerados moneda de intercambio ni en esta ni ninguna circunstancia. El secuestro es un delito”, enfatizó la ministra.

¿A quién reclaman?

El cuerpo que reclaman es el del líder indígena Alberto Mashutak, quien habría fallecido tras ser diagnosticado con Covid-19 en un hospital ubicado en la parroquia Shell, del cantón Mera.

Esta petición no es nueva, puesto que la realizan desde principios de junio, apenas falleció el dirigente, para hacer los rituales correspondientes.

“Nos han violentado nuestros derechos, porque después de enterrar debemos ir a la cascada a bañarnos”, explicaron los indígenas, en varios videos que circulan en las redes sociales.

“Mientras no nos entreguen el cuerpo no vamos a devolver a los compañeros”, añadieron.

Este reclamo indígena es similar al drama que viven muchas familias de la provincia de Guayas, al otro extremo de Ecuador, que piden la identificación de los cuerpos de sus familiares, fallecidos durante los meses de pandemia, e información sobre la ubicación de sus cadáveres.

En Guayaquil, capital de esta provincia, al menos 130 familias denuncian el extravío de cuerpos. La Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección que fue acogida por un juez de Garantías Constitucionales, quien dispuso la búsqueda e identificación de los cadáveres, disculpas públicas de varias instituciones a los familiares y atención psicológica y física a los afectados.

VP/Internacional/EZ

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