El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, informó este viernes que el Ministerio Público presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un requerimiento para iniciar un juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, por las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas tras haber tomado el poder, en noviembre de 2019.
En estos hechos se cometieron los presuntos delitos de “genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte”, dijo Lanchipa en conferencia de prensa.
El requerimiento, según el propio Ministerio Público, debe ser remitido por el TSJ a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que esta autorice el juicio.
El fiscal indicó que el recurso se presentó con base en “la proposición acusatoria presentada por las víctimas de los hechos” y “se funda en los elementos de convicción recabados bajo los principios de objetividad y transparencia, en el desarrollo de la etapa de acumulación de antecedentes prevista en la ley”.
“El Ministerio Público reafirma su compromiso con el país de lucha contra la impunidad y búsqueda de justicia”, enfatizó Lanchipa.
Las masacres
El 15 de noviembre de 2019, apenas días después de que Áñez tomara la Presidencia de Bolivia, ocurrió una represión y masacre por parte de policías y militares en la localidad de Huayllani, en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, cuando miles de campesinos de la región de Chapare caminaban en dirección a La Paz, donde tenían previsto manifestarse en contra la administración de facto. El saldo de esta matanza fue de 12 fallecidos y 125 heridos.
Cuatro días después, el 19 de noviembre, ocurrió una nueva masacre, esta vez en Senkata, en la ciudad de El Alto, cuando un violento operativo policial y militar contra manifestantes acabó con la vida de 10 personas.
Recientemente, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de Bolivia, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó su informe final sobre las violaciones a los derechos humanos registradas en el país suramericano en 2019,y confirmó que en las ciudades de Sacaba y Senkata se cometieron masacres y que en las represiones de diferentes protestas sociales ocurridas ese año fueron asesinadas 38 personas.
Actualmente, Áñez se encuentra encarcelada en el Centro Penitenciario Femenino “Miraflores”, de La Paz. La expresidenta de facto fue detenida en marzo pasado y se le imputaron los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, justamente por los hechos de noviembre de 2019, que terminaron con el golpe de Estado contra Evo Morales y la imposición del régimen de facto.
Posteriormente, la Justicia boliviana amplió la acusación y le imputó cuatro delitos relacionados con emitir resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.