Por Heriberto Araújo. Corresponsal
BELÉN, Brasil, (Notimex), 31 de agosto de 2017.- “Siempre es así: al final de las charlas vienen a verme tres o cuatro mujeres a decirme que han sido abusadas o explotadas sexualmente”, explica la religiosa brasileña Henriqueta Cavalcante.
Henriqueta Cavalcante acaba de ofrecer una conferencia en Belén en la que expone una de las más duras realidades de la región amazónica: la violencia y la explotación sexual de niñas y niños de hasta cinco años.
En su oficina, en la sede de Belén de la Conferencia Nacional de Obispos Brasileños (CNBB, por sus siglas en inglés), con frecuencia llegan familiares de víctimas abusadas sexualmente por parientes, provocando embarazos en niñas de 10 años, o que caen en manos de mafias internacionales que llevan a jóvenes a países como España, Holanda o Italia.
El estado de Pará, en el norte de Brasil, es uno de los más problemáticos en esa cuestión.
Se trata de un lugar repleto de riquezas –desde uno de los mayores yacimientos de mineral de hierro del mundo (Carajás), la tercera mayor presa hidroeléctrica del planeta (Belo Monte) y reservas forestales, pesqueras y agrícolas inmensas-, pero se sitúa entre los mayores índices de desigualdad, pobreza y violencia sexual.
“De enero a agosto ya recibimos 500 denuncias aquí en Pará”, explicó a Notimex Cavalcante, quien coordina la Comisión de Justicia y Paz de la CNBB y es considerada una de las referencias en todo Brasil en el combate a los abusos y la asistencia a víctimas, lo que le ha generado premios, pero también amenazas de muerte.
El archipiélago paraense de Marajó, compuesto por más de 100 islas y con una extensión equivalente a Portugal, unas 300 mil personas viven en un marco de exuberancia y recursos naturales, pero también de profundo aislamiento, impunidad y ausencia del Estado.
Así, el archipiélago, localizado en plena cuenca del río Amazonas y lugar de paso de los navíos y buques que transportan bienes y personas hacia el Atlántico, se ha convertido en uno de los principales focos de abusos, a pesar de las denuncias e incluso una exhaustiva investigación parlamentaria cuyos resultados causaron indignación.
La llamada Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la Pedofilia mostró que, entre 2004 y 2008, hubo tres mil 558 casos de pedofilia en el estado de Pará, y las denuncias se produjeron en los 143 municipios, lo que da cuenta de la magnitud del problema.
“Y para cada denuncia hay al menos cuatro casos, según los expertos”, refirió el español José Luis Azcona, obispo emérito de Marajó y, con 32 años en la región, otra de las figuras clave en el combate a este fenómeno que está amenazado de muerte por su causa.
Pequeñas ciudades como Breves y Portel, todas en Marajó, son enclaves donde proliferan historias acongojantes, de una brutalidad sin límite, de niñas que son abusadas por los propios abuelos, padres, hermanos o padrastros.
“Recuerdo un testimonio de un anciano de 80 años que una vez me dijo: ‘mis hijas fui yo el primero en ‘probarlas’, mis nietas también, y si hubiera sido capaz, también mis bisnietas’”, relata Cavalcante, que ha visto casos de niñas de 11 años amantando a sus hijas.
“Juegan con ellas como si fueran hermanas, pero son sus hijas. Es terrible, horroroso”, relató.
Marajó registra algunos de los municipios más pobres y subdesarrollados de Brasil, como la ciudad de Melgaço, una urbe azotada por la violencia, el tráfico de droga y la carencia.
Los ríos de la región están llenos de pequeñas comunidades, algunas de apenas una casa de madera sin electricidad, que subsisten de la extracción del fruto amazónico açaí, la pesca y las ayudas sociales, y donde “las familias usan a las niñas como fuente de renta, por lo que las incitan a prostituirse con los viajeros que navegan por los ríos con mercancías”.
En ese marco, donde la policía “no tiene medios humanos de poder fiscalizar”, según admitió un comisario destinado en la región durante años, se producen esos abusos sexuales, y también se acomete un tráfico humano que lleva a jóvenes hasta la otra parte del mundo bajo la promesa de un empleo como “modelo” que finalmente acaba en burdeles de Europa.
Las jóvenes, según Cavalcante, son compradas por pocos cientos de dólares a las familias y son llevadas, vía Surinam y la Guayana Francesa, a Amsterdam y París, respectivamente, donde luego son llevadas a otros países, como España.
Testimonio de esa dura realidad es Doña María, una señora de 80 años –cuyo nombre ha sido preservado aquí por motivos de seguridad- cuya hija, tras quedar embarazada a los 15 años de un hombre de “más de cuarenta”, cayó en las redes del tráfico internacional y fue obligada a ejercer la prostitución entre 2004 y 2007 en España.
“En 2004 mi hija me dijo que se iba al extranjero a trabajar, por indicación de una amiga. Yo no sabía cómo era la estructura del tráfico humano. Durante seis meses tuvimos contacto con ella. Después, desapareció. Pensamos que había sido asesinada”, explicó, entre llanto, la señora, que hoy lucha por recomponer –con la ayuda de la religiosa Cavalcante- la vida de su hija y sus nietos.
“Cuando volvió, en 2007, me di cuenta que mi hija era totalmente diferente. Pegaba a sus hijos, nos tiraba cosas. Comenzó a explicarnos los horrores que vivió en España”, relató.
Premiada por su labor como defensora de los derechos humanos, Cavalcante es tajante al apuntar al Estado brasileño como pasivo en atajar estos problemas, a pesar de que tras la CPI se crearon iniciativas como ProPaz, un organismo estatal que atiende a niños y adolescentes en Pará, y que en 2016 recibió más de mil 600 denuncias de violencia.
“La explotación sexual es lucrativa, e involucra a muchas personas, incluido a personas poderosas que hacen de ese mercado una verdadera industria. Además, los niños y adolescentes en nuestro país no son prioridad para el Estado, a pesar de lo que dicen las leyes. Eso es un problema que no causa interés”, consideró Cavalcante, quien se ha reunido con presidentes, ministros, diputados y las más altas instancias judiciales del país.
“¿Qué dicen esas personas influyentes cuando les relato lo que sucede en Pará? Ven eso como una barbarie que tiene que ser combatida. Pero la verdad es que no hacen nada”, finalizó.