Por: Edelmiro Franco. Corresponsal
BOGOTÁ, (Notimex), 23 de agosto de 2017.- La corrupción es uno de los graves problemas que tiene América Latina y se debe enfrentar con principios éticos, con contundencia por parte de los gobiernos y la sociedad civil, aseguró en entrevista con Notimex el congresista Antonio Navarro Wolf.
Afirmó que en la vida política de un país es esencial “escoger gente con principios, gente para quienes el servicio público signifique exactamente lo que dicen las palabras, servir a la sociedad y no simplemente hacerse elegir para llegar al poder a cualquier costo con cualquier mecanismo”.
El senador del partido Alianza Verde, es uno de los impulsores del Comité Promotor para la Consulta Nacional Anticorrupción, cruzada que busca convocar a los ciudadanos a las urnas para que por esa vía se establezca una serie de medidas tendientes a evitar la corrupción.
La iniciativa propone castigar conductas de políticos y contratistas que hayan defraudado los recursos públicos.
La iniciativa logró recolectar este año 4.3 millones de firmas, que demuestra como el fenómeno de la corrupción tiene un rechazo en la gran mayoría de la sociedad colombiana, que no deja de sorprenderse de escándalos en las más altas instancias del Estado.
Los últimos casos que estremecieron a la sociedad colombiana en lo que va de 2017 son los escándalos de la multinacional Odebrecht y la captura del director anticorrupción de la Fiscalía General de Colombia, Luis Gustavo Moreno, pedido en extradición por Estados Unidos, acusado de ser parte de una red de corrupción.
Pero el caso más sorprendente fue destapado la semana pasada por la Fiscalía General de Colombia, en cooperación con las autoridades de Estados Unidos.
En este caso fueron acusados tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia: Leónidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, los senadores Musa Besaile y Hernán Andrade, así como el exgobernador Luis Alfredo Ramos. Todos ellos implicados en la red de corrupción del exfiscal Moreno.
Para Navarro Wolf el escándalo más grande en la historia de América Latina es el de Odebrecht, que tiene procesos en al menos 10 países en la región con un “expresidente preso, otro fugitivo, otros expresidentes, candidatos presidenciales e hijos de expresidentes, que son investigados”.
En Colombia, subrayó el congresista Navarro Wolf, “solamente hay 80 personas ya en un proceso de investigación que tiene que ver con el escándalo de Odebrecht”.
Para el congresista de Alianza Verde, el caso de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht, demostró que va más allá de los altos niveles en las esferas gubernamentales de los diferentes países de la región.
“El caso Odebrecht es mucho más profundo porque está en las estructuras de muchos de nuestros países y es que un contratista le da dinero a un candidato para que si es elegido a su vez ese candidato le de contratos amañados”, explicó.
“No todo vale, decía el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus”, subrayó Navarro Wolf, quien agregó que un candidato “no se puede hacer elegir a cualquier costo. Definitivamente hay que fortalecer las normas para evitar que se puedan hacer asignaciones de contratos a dedo”.
Reiteró que es esencial “escoger gente con principios, gente para quienes el servicio público signifique exactamente lo que dicen las palabras, servir a la sociedad y no simplemente hacerse elegir para llegar al poder a cualquier costo con cualquier mecanismo”.
En este sentido el tema de la corrupción será esencial en el debate para las próximas elecciones en 2018 para el Congreso y Presidencia de Colombia, enfatizó.
Navarro Wolff sigue recorriendo el territorio colombiano en su cruzada contra la corrupción y explicando a los ciudadanos en sitios cerrados y abiertos la iniciativa de la Consulta Nacional Anticorrupción que establece varias medidas.
La propuesta fija un límite máximo tres períodos para los elegidos en corporaciones de elección popular, fijar como requisito para posesionarse y ejercer el cargo que publique anualmente declaraciones de bienes: patrimonio, renta, impuestos y conflictos de interés a todos los elegidos por voto popular.
Los congresistas deben rendir cuentas sobre su gestión política y legislativa de manera periódica y detallada. Obligar a que el presupuesto de inversión de alcaldías, gobernaciones y gobierno federal se desglosen y prioricen en Audiencias Públicas con la ciudadanía, que además vigilará su ejecución y contratación.
La iniciativa propone terminar los contratos entre el Estado y aquellas personas condenadas por delitos contra la administración pública sin ningún tipo de indemnización. Aquellas personas condenadas por corrupción deberán pagar la pena en la cárcel sin reclusión especial.
Además se debe fijar un tope de 25 salarios mínimos legales vigentes como máxima asignación mensual de los Congresistas y altos funcionarios del Estado.