Eugenio Martínez, periodista venezolano, conversó con ABC Cardinal y comentó el momento difícil por el que atraviesa Venezuela, lo que obligó incluso a emitir un decreto de Nicolás Maduro sobre una declaración de “emergencia económica”. Una crisis que no solamente se cierne en lo económico por la caída del petróleo, sino que tiene sus consecuencias en la seguridad y los siempre candentes temas políticos del país caribeño.
Para Martínez, el panorama es mucho más complejo y, en este 2016, la situación no va a mejorar, de mantener el gobierno de Maduro sus medidas económicas. “Recordemos que Venezuela recibe el pago de su petróleo a 90 días, por lo que, de mantener la tendencia a la baja en el precio del petróleo, a partir del segundo semestre se tendrá un panorama mucho más complejo de una economía que depende básicamente de los ingresos petroleros”, aseveró Martínez.
“Lo que tenemos es la consecuencia de un modelo rentista que funcionó mientras el precio del barril de petróleo estuvo entre 100 y 130 dólares el barril. Ahora que estamos cobrando el barril del petróleo por debajo de los 30 dólares, el modelo empieza a colapsar”, explicó el periodista. Señaló que, para ser más prácticos, Venezuela para funcionar como Estado, necesita unos 40 mil millones de dólares y ahora recibe menos de 20 mil millones, es decir, menos de la mitad de lo que requiere, como consecuencia la caída de los ingresos petroleros, que es el principal recurso venezolano.
Según el periodista, teniendo en cuenta esta situación, varias organizaciones ciudadanas y ONG están temiendo que a partir del segundo semestre de este año se empiece a hablar de crisis humanitaria en Venezuela, sobre todo en lo que tiene que ver con el acceso a los alimentos por parte de la población.
Martínez hizo un recorrido histórico sobre las medidas económicas en Venezuela desde la entrada de Hugo Chávez al poder (1998) y que siguió con Nicolás Maduro. Relató, en ese sentido, que la política económica de Venezuela en estas décadas se basó en la estatización de la mayoría de las empresas, lo que causó una grave crisis en el sector privado, que cada vez se volvió más pequeño y está, cada año, más disminuido. “No hay acceso a dólares dentro de un sistema cambiario que restringe el acceso a moneda extranjera, lo que afecta al sector”, enfatizó Martínez.
Esta crisis que venía soportando el sector privado se “salvaba” de alguna manera con los ingresos por la venta de petróleo que tenía el gobierno venezolano, situación que ahora, con el desplome que tiene el valor del barril a nivel internacional, hace insostenible mantener la superestructura estatal de Venezuela. Para tratar de “aguantar”, entonces el gobierno toma medidas que afectan a los ciudadanos venezolanos.
“En líneas generales, la situación de 2015 en donde los ciudadanos estaban obligados a acudir a comprar productos básicos en función de su Cédula de Identidad, se va agravando. Ahora, el ciudadano venezolano tiene derecho a acudir apenas dos veces a la semana (una vez de lunes a viernes y la otra ocasión sábado o domingo) al supermercado para comprar los productos de primera necesidad cuyos precios están regulados por el Estado. Y el problema ya no es siquiera esta limitación, sino acceder a los pocos productos regulados que todavía existen en stock”, expresó Martínez.
El periodista explicó que, para cualquier ciudadano venezolano, el acceso a los productos regulados de primera necesidad está condicionado por el número de documento de identidad de cada venezolano. Esta regulación que pretende establecer el gobierno de Maduro en los productos de primera necesidad –y en otros que no lo son- genera un gigantesco mercado negro en donde se venden los productos a precios totalmente distorsionados. “Una harina de trigo regulado puede costar 60 bolívares, pero en el mercado negro se puede conseguir a 600 ó 500 bolívares. Una batería o acumulador de vehículo que no es un producto alimenticio -pero que igual está regulado- está a 3.000 bolívares (el salario mínimo es de 9.000 bolívares), y para adquirirlo se necesita hacer una cola de 34 a 36 horas frente al único comercio habilitado para comprar en ese precio regulado. En el mercado negro, ese mismo acumulador se puede conseguir a 50.000 bolívares, o sea, se genera una gran distorsión de los precios en el mercado negro a partir de la regulación”, explicó Martínez.
El periodista venezolano, que también es coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Andrés Bello, señaló que es difícil señalar números macros en cuanto a la situación económica real del país, ya que Maduro reformó la ley del Banco Central a finales de 2015, proceso en el cual se torcieron algunos indicadores como el de inflación, entre otros. “Igual, a pesar de esta distorsión, un dato oficial del Banco Central habla que el 2015 cerró con una inflación del 150%”, expresó Martínez.
Habló igualmente del grave problema que se tiene actualmente en Venezuela sobre el servicio de agua potable. Comentó que, debido a la falta de abastecimiento, el gobierno está regulando el suministro. “En Caracas, la mayoría de las zonas tienen acceso directo por tubería dos veces a la semana, es el plan de promedio de ‘HidroCapital’ que es el organismo encargado del suministro de agua”, señaló el periodista a ABC Cardinal.
