* El presidente Nicolás Maduro consideró que los sancionados son “víctimas” de los ataques “tipo mafia” del gobierno estadounidense.
CARACAS (RT) 01 de octubre de 2020.- La Cancillería de Venezuela rechazó este miércoles, a través de un comunicado oficial, la “persecución judicial” que EE.UU. ha emprendido en contra del exministro de Energía Eléctrica, Luis Alfredo Motta Domínguez, y el exviceministro de Finanzas de la misma cartera, Eustiquio José Lugo Gómez.
Caracas considera que estas “persecuciones” contra funcionarios o exfuncionarios del país buscan “perjudicar la imagen de las instituciones del Estado”, a partir de “la injuria”, con la finalidad de justificar “nuevos ataques”.
#COMUNICADO| Venezuela manifiesta su rechazo a la política del Gobierno de EEUU de desatar persecuciones judiciales contra funcionarios o ex funcionarios del Gobierno Bolivariano a partir de la injuria. Pretenden así, perjudicar la imagen del Estado para justificar nuevos ataques pic.twitter.com/m1YFpIpHcS
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) September 30, 2020
“Una vez más, cual cowboys del siglo XXI, recurren a la estrategia de ofrecer recompensas por la detención de servidores públicos”, indica el documento, tras reconocer el hecho de que los sancionados continúan la defensa del país, “a pesar de las amenazas, calumnias e intimidaciones”.
Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseveró que estos exfuncionarios son “víctimas” de la “persecución tipo mafia” del gobierno estadounidense. “Ellos creen que nos asustan, cada vez que hacen algo así despiertan nuestro espíritu de combate”, dijo.
Más temprano, el Departamento de Estado de EE.UU. ofreció una recompensa de 10 millones de dólares a quien ofrezca información que conduzca al arresto de Motta Domínguez y Lugo Gómez, quienes fueron imputados en el Distrito Sur de Florida por supuesta conspiración para cometer lavado de activos.
En la acusación formal se señala que ambos exfuncionarios habrían otorgado a tres empresas, con sede en Florida, más de 60 millones de dólares en contratos de adquisición con la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), a cambio de supuestos sobornos.
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