El coordinador del Grupo de Movilidad Vanguardia (Mova), Alejandro Luna, que agrupa al 50 por ciento de concesionarios de la ciudad, aseguró que el planteamiento del Jefe de Gobierno de desaparecer los microbuses y cambiarlos por autobuses sería viable siempre y cuando se otorgue un impulso de bono de “chatarrización” al sector del transporte público concesionario.
“Nosotros decimos: bienvenida la propuesta de Manera. Como Mova estamos de acuerdo en sustituir los microbuses, pero aquí no es nada más una decisión de gobierno sino que se debe de basar en dos temas fundamentales siendo estos una política tarifaria adecuada y la otra un impulso de bonos para chatarrizar las unidades”, dijo el coordinador, quien reiteró que sus agremiados no rechazan la propuesta siempre y cuando ésta los beneficie.
El bono verde que maneja el gobierno capitalino para renovación de unidades solo se da para el transporte que éste tiene a su cargo, siendo estos el Sistema de Transporte Colectivo Metro, RTP o M1 y Transportes Eléctricos (Trolebús).
Para generar la modernización el bono debería ascender a 300 mil pesos para poder comenzar apenas con el proceso de financiamiento en alguna de las concesionarias, lo que implicaría una cantidad de tres mil millones de pesos para los 10 mil agremiados que grupo Mova posee en sus filas.
El total de microbuses que existen en la capital del país es de 17 mil. La mayoría de los que poseen un microbús afirmaron que no podrían solventar el gasto del cambio sin un bono o apoyo por parte del gobierno, esto debido a que el costo de un autobús es mayor al costo de un micro.
“Ninguno de mis agremiados puede comprarlo, no les da. A eso súmale el cambio del dólar, un camión que en diciembre costaba un millón 100 mil pesos, ahora cuesta un millón 500 mil pesos”, agregó. Luna aseguró que si los microbuses están en malas condiciones es debido a la tarifa que se tiene desde hace algunos años, pues lo que se cobra por pasaje es menor a lo que en realidad equivale el traslado de una persona.
Argumentó que la tarifa política que se tiene desde hace 35 años deriva en la flota vehicular que existe en las calles, desgastada, maltratada y en muchos casos con daños irreparables que representan un peligro para los usuarios.
Es por ello que piden una tarifa justa, pues trasladar a una persona les cuesta 7 pesos con 77 centavos. Como microbuses, se cobran 4 pesos con 50 centavos. Están teniendo una pérdida de 3 pesos, lo que ha llevado a la descapitalización del sector concesionado y retrasar así la modernización voluntaria de sus unidades.
“Es por ello que buscamos tener una política tarifaría que beneficie a todos. Aquí entra el estira y el afloja, ¿será suficiente el aumento a la tarifa para sustituir un camión? Claro que no. Necesitamos el apoyo del gobierno, no es suficiente solo aumentar la tarifa”, comentó.
Y agregó: “Se debe prever el financiamiento al transporte público concesionado. El mecanismo es crear un fideicomiso en donde la empresa demuestre sus costos de operación, cuanto cobro y cuanto requiero de subsidio”.
(Nota de Ana Espinosa Rosete para La Crónica)