El sistema de protección social de adultos mayores en la Ciudad de México está basado en el enfoque de derechos y en la universalidad de la pensión alimentaria, lo que demuestra que esto es perfectamente viable, consideró la secretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal (Sedeso DF) capitalina, Rosa Icela Rodríguez.
Al participar como ponente en la Primera reunión de seguimiento de la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores en América Latina y el Caribe, que se realizó en San José de Costa Rica del 3 al 5 de julio, la funcionaria compartió la experiencia del Gobierno capitalino, que desde hace 12 años entrega por ley 971.40 pesos (aproximadamente 75 dólares) mensuales a quienes tienen 68 años o más, les ofrece transporte gratuito, acceso a la salud y a la justicia.
Como parte del panel: Protección social, solidaridad y cuidados, en el que participó en representación del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, comentó que en América Latina se prevé que el número de adultos mayores superará por primera vez al de niños en 2040 y en 2100 representará más del 35 por ciento de la población.
Por ello consideró urgente que los países construyan sistemas de protección social más incluyentes, que respondan a un enfoque de derechos, con cobertura universal y con financiamiento responsable entre el Gobierno y la sociedad.
Comentó que se debe dejar de considerar a las personas adultas mayores como un grupo vulnerable objeto de protección, para tratarlos como titulares de derechos.
La experiencia señala, explicó, que los derechos alcanzados son graduales, dependen del contexto económico, del empuje de los grupos de adultos mayores organizados y de la voluntad de los Gobiernos.
“No es de un año a otro que se cubrirá el derecho a la salud, a la pensión no contributiva, a la justicia o al transporte gratuito…eso sí, una vez que se alcanzan, nadie puede dar marcha atrás a una medida que protege y apoya el que mejore la calidad de vida de la población adulta mayor, al contrario se empodera”, comentó la Secretaria de Desarrollo Social del DF.
Ante representantes de otros países y especialistas en el tema, convocados por el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, con apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, dijo que al ser probado por años en la Ciudad de México y “a pesar de las críticas y los denuestos, hoy más que nunca sabemos que el camino de esas políticas públicas (a favor de los adultos mayores) es el correcto”.
Rosa Icela Rodríguez añadió que la pensión alimentaria, que se entrega a través de la tarjeta Nueva Vida a los 68 años, es para todos, indígenas, extranjeros, población en situación de calle y personas privadas de su libertad, ya que “sólo así es posible la universalidad y la exigibilidad de los derechos”.
Además se refirió al derecho que tienen los capitalinos de la tercera edad para viajar sin costo en el Metro, autobuses, transportes eléctricos y Metrobús y a la obligación del Gobierno de la ciudad, de realizar visitas domiciliarias para monitorear su estado de salud, detectar maltrato o abuso o problemas con la pensión.
También mencionó la creación de la Agencia del Ministerio Público especializada en la atención de adultos mayores víctimas de violencia familiar, a la que acuden alrededor de 10 personas cada día en busca de ayuda.
Destacó que los compromisos establecidos en la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe se han convertido en una brújula para la Ciudad de México y consideró urgente que el tema del envejecimiento y el cuidado sean asuntos relevantes para el quehacer público y privado.