Voces del Periodista Diario
Nacional

Candidatos de dudosa procedencia

Al menos seis candidatos han sido señalados por vínculos con gente cercana a la delincuencia, o desvíos de recursos

Nallely Pedraza Huerta, fue incluida en el segundo lugar de la lista de candidatos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a diputaciones federales plurinominales por la Quinta Circunscripción el pasado 21 de febrero. A los 20 minutos del nombramiento, su imagen y su nombre ya estaban en todas partes con una alerta: la candidata es la esposa de Arquímedes Oseguera, quien fue el primer edil detenido por nexos con el crimen organizado, y actualmente está en prisión. ¿Cómo era posible que el PRD hubiera obviado esta relación al aprobar la lista? Los líderes del partido han evitado hablar del tema y los dirigentes se han limitado a explicar que fue promovida por la corriente denominada Frente Amplio Progresista (FAP), encabezada por el ex secretario de Gobierno, Fidel Caderón Torreblanca, quien insistió en que al preguntar a las autoridades del Comité ejecutivo Nacional (CEN) si había algún inconveniente por promoverla a ella, le explicaron que legalmente no había ninguno.

No obstante, menos de 48 horas después, el propio dirigente nacional, Carlos Navarrete Ruiz, reprobó en su cuenta de Twitter este nombramiento, pues contraviene lo establecido en el Protocolo de Seguridad que implementó el PRD al inicio de este proceso electoral. Ante este mensaje, Pedraza Huerta emitió la única postura pública que ha otorgado hasta ahora. “Su anuncio público ha desencadenado hacia mi persona un desprestigio que considero inmerecido, como mujer, como militante y como ciudadana en pleno uso y goce de sus derechos políticos. Como militante sostengo mi firme compromiso de que se revisen los perfiles, la experiencia e idoneidad de todos aquellos que aspiran a ser candidatos de nuestro partido en el actual proceso electoral.

“Exijo a los órganos nacionales de dirección de nuestro partido la aplicación y cumplimiento, de manera imparcial del Protocolo de Legalidad y Ética aprobado”. “Pero no es solo la salvedad de mis derechos políticos lo que me preocupa. Como mujer y madre me preocupa el honor de mi nombre, la reputación de mi familia y la de mis hijos. En un sistema de pleno respeto al Estado de Derecho las penas y las acusaciones son personales, no trascendentales, no se puede imputar a nadie conductas de otros. Su declaración en Twitter ha sido sumaria hacia mi persona y contra mi honor”, manifestó. EL FAP impugnó la remoción y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), devolvió la candidatura a la esposa de Arquímedes Oseguera.

Sobre el caso, el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña, explicó que en tanto no haya elementos que sustenten un nexo real entre Pedraza Huerta y el crimen organizado –como fue el caso de su esposo, quien apareció en un video departiendo con Servando Gómez alias La Tuta- entonces el PRD está imposibilitado para suspender los derechos políticos de la candidata “a pesar de la mala imagen que nos pueda traer”, y a pesar de los cuestionamientos que esto ha representado para el protocolo de seguridad del PRD. “Desafortunadamente el TEPJF no reviso eso, simplemente se fue por el lado de los derechos políticos electorales y es su atribución revisar en ese ámbito”, y concluyó el tema. Ella no fue el primer contendiente de dudosa reputación que logró colarse a las candidaturas del PRD en Michoacán. Quien fuera el candidato a la presidencia municipal de Tzintzunzán, Filiberto Cesar Reyes, fue expuesto la misma semana que rindieron protesta los abanderados perredistas a alcaldías.

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Cesar Reyes fue anunciado como desaparecido por su partido el pasado 25 de marzo por el candidato al gobierno estatal, Silvano Aureoles Conejo, quien exigió a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto. Su llamado fue tomado en serio por el procurador de Justicia del Estado, Martín Godoy Castro, quien a las pocas horas evidenció ante los medios de comunicación que el oriundo de Tzintzinzán no estaba desaparecido, sino prófugo, pues tenía cargos por secuestro y asesinato. En aquel momento, Torres Piña  justificó que el candidato había sido electo mediante una asamblea por usos y costumbres y aseguró que no tenía ningún antecedente de su trabajo en el PRD, pero reconoció que el Protocolo de Seguridad tenia debilidades, puesto que los resultados de la revisión de los expedientes demoraban demasiado y por ello este logró rendir protesta y ser registrado oficialmente.

Otro de los candidatos perredistas que ha sido cuestionado es quien compite por la alcaldía de Apatzingán, Manuel Mendoza Mendoza, hermano menor de la senadora, Iris Vianey Mendoza. Ambos han sido frecuentemente señalados por la supuesta complicidad que tienen con distintos capos y grupos criminales en la zona de Apatzingán. Particularmente, Manuel Mendoza nunca ha negado que trabajó con Hugo Losolla, quien formó parte del grupo criminal de Los Caballeros Templarios, además de que se lucía armado en distintos lugares públicos del municipio. A Iris Vianey se le vincula hasta sentimentalmente con Nazario Moreno alias El Chayo y tras hacer presión en el PRD estatal a través de su corriente Patria Digna, logró que se impusiera a su hermano como abanderado para Apatzingán. El tercer hermano Mendoza Mendoza, conocido como El Freddy, se le vio a acudir al funeral del Chayo tras su abatimiento en la Funeraria de la Cruz en Morelia y externarle condolencias en su página de Facebook. Este nexo de la familia Mendoza Mendoza salió a relucir luego de que Iris Vianey gestionó la entrada a la Cámara de Senadores de un grupo de personas ligadas con los Caballeros Templarios, por lo que solicitó ser investigada por la Procuraduría General de la República (PGR), mas no se le fincó ningún tipo de responsabilidad. La Silla Rota solicitó entrevista con Pedraza Huerta y con Manuel Mendoza, pero ninguno accedió a emitir una postura sobre los señalamientos. SENTENCIADA POR TRÁFICO DE PERSONAS

Otro caso es el registro que hizo el Partido Verde Ecologista (PVEM), de Hortensia Sánchez Rodríguez, como precandidata al gobierno municipal de Tiquicheo.

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Sánchez Rodríguez  tiene antecedentes penales en Estados Unidos por el delito de tráfico de personas y fue sentenciada hace cinco años. El actual presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, la acusa de haber estado vinculada al grupo de Los Caballeros Templarios. Esto, luego de que la precandidata lo señaló por haber quemado su camioneta, a lo que el edil respondió mostrando, a través de su representante jurídico, Eduardo Quintero, una denuncia penal de un hombre llamado Martín Meza, quien el pasado 12 de febrero declaró ser cómplice de Hortensia Chávez en una red de trafico de personas y quien dijo que el alías de la mujer es “La Coyota” o “La Actriz”. En entrevista posterior, Quintero señaló que “ella fue sentenciada en los Estados Unidos de Norteamérica por tráfico de personas, en razón de lo cual en caso de que resulte candidata impugnaré dicho registro por los antecedentes penales que señalo, ya que lo anterior empañaría la imagen del Instituto Nacional Electoral (INE)”.

Finalmente a Hortensia Sánchez no obtuvo el registro de candidatura, aunque el PVEM no ha aclarado si las acusaciones en su contra e historial delictivo tuvieron algo que ver. En tanto, el Partido Acción Nacional (PAN), registró como candidato al gobierno municipal de Puruandiro a Asunción Maciel Ramos, quien fue señalado por otro aspirante panista a esa candidatura, Rafael Carmona, de tener vínculos con el crimen organizado, en virtud de que varios de sus familiares ya habían sido procesados penalmente. Maciel Ramos se defendió diciendo que se le vinculó con dos personas de la misma comunidad que tenían los mismos apellidos, a fin de desprestigiarlo y quitarle la candidatura, mas negó cualquier parentesco con estas e incluso puntualizó que uno ya estaba muerto y Carmona decía que estaba vivo.

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Pocos días después de la declaración, la candidatura de Maciel Ramos fue anulada por el Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM), derivado de un juicio de impugnación del proceso interno, también promovido por Rafael Carmona. Asimismo, otro candidato cuestionado es el aspirante a la Diputación Federal por el Distrito 10 de Zacapu por el Partido del Trabajo (PT), Guadalupe Hernández Alcalá, quien fue Secretario de Salud Estatal y a quien se le acusa por desvió de fondos del Seguro Popular y el Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud, durante el gobierno de Leonel Godoy Rangel. De acuerdo con la Auditoria Superior  de Michoacán (ASM) hay una indagatoria desde el 2008 al 2013, por un desfalco superior a 13 mil millones de pesos sin comprobar.

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Hernández Alcalá intentó buscar la candidatura a través del PRD, su partido de origen, pero no lo consiguió durante el proceso interno, puesto que podría enfrentar cargos penales al concluir la investigación de la ASM, así que renuncio al Sol Azteca y fue arropado y promovido por el PT.

 

 

 

 

Con información de La Silla Rota

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