La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requirió este jueves al Estado Mexicano otorgar medidas cautelares para uno de los jóvenes sobrevivientes de la masacre de Apatzingán, ocurrida la mañana del 6 de enero de 2015, debido a la persecución que dice sufre su persona y su familia por parte de la Policía Federal (PF) y de miembros del cártel de los Caballeros Templarios, ante la nula protección del gobierno mexicano.
La Comisión considera que, de acuerdo al artículo 25.2 de su reglamento, el caso reúne las condiciones de “gravedad, urgencia y daño irreparable”, por lo que solicita al Estado Mexicano informe de las medidas cautelares en beneficio del solicitante “en un plazo de 15 días a partir de la fecha de la presente comunicación”, es decir, antes del 14 de julio de 2015.
La CIDH manifiesta en su medida cautelar “251/15 – Alejandro y otros, Mexico” que el solicitante es un joven de 19 años nombrado “Alejandro”, cuya identidad se resguarda a solicitud de la víctima, que asegura que sobrevivió, con lesiones graves, a la masacre de avenida Constitución en la que una caravana de civiles desarmados fue atacada por la Policía Federal y templarios.
La instancia internacional expresa que el 22 de junio pasado recibió la petición de medidas cautelares para Alejandro por parte de una organización civil de derechos humanos que de igual manera opta por mantenerse en la confidencialidad.
De acuerdo a la solicitud de la organización civil, Alejandro y su familia “ habrían venido enfrentando una serie de supuestos hechos de violencia y amenazas en su contra, en vista de ser presuntas víctimas y testigos de una serie de supuestos hechos de violencia ocurridos el 6 de enero de 2015 en Apatzingán”.
El solicitante, se prosigue, dice que a pesar de haber acudido al “Mecanismo de Protección para Defensores y periodistas, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no habrían sido aceptadas medidas concretas de protección”.
Por el contrario, “algunas de las instituciones habrían manifestado que se encontraban ‘legalmente incapaces de ofrecer apoyo para garantizar la seguridad de Alejandro’ hasta que no compareciera ante la Procuraduría General de la República (PGR)”.
Sin embargo, el joven no habría interpuesto denuncia ante la PGR porque “por su naturaleza institucional y orgánica la PGR y la Policía Federal interactúan constantemente” y éste teme por su integridad.
La Comisión pide al gobierno mexicano adopte medidas para preservar la vida de Alejandro y su familia y les brinde la atención médica requerida.
Con información de Aristegui Noticias