¡Juicio a Graco! ¡Juicio a Graco! Lo que se leyó hace tiempo en una pancarta solitaria, se ha convertido en ensordecedor clamor popular contra el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, en todo el territorio morelense, donde la ingobernabilidad ha sentado plaza. Obviamente, la exigencia generalizada es la de juicio político contra el mandatario.
Hace apenas unos días, el secretario general de Gobierno, Matías Quiroz Medina describió la situación de Graco con estas palabas textuales: “El Poder Ejecutivo vive un momento de muchas complejidades. No tenemos condiciones”.
Es cierto que el funcionario se refería a un tema específico -el aval del gobierno estatal a los Ayuntamientos ante el Congreso para disponer de recursos extraordinarios a fin de solventar demandas económicas de su personal de fin de año-, pero ya han creado estado las denuncias de todos los sectores contra la administración del controvertido tabasqueño al que se acusa atentar por sistema contra los Derechos Humanos de la población morelense.
¡Qué bonita familia en el joder!
Un capítulo que está latente en el Congreso del Estado, es la exigencia del gobierno saliente del municipio de Cuernavaca, de auditar las anteriores administraciones por latrocinios de más de dos mil millones de pesos.
El freno a la indagatoria se explica porque en esa denuncia aparece implicado el nombre de Rodrigo Gayosso Cepeda. ¿Quién es el tal Rodrigo? Nada menos que hijo doña Olga Durón Viveros, ex esposa del tabasqueño gobernador.
Gayosso Cepeda es, pues, hijastro de Graco. El tercer nombre involucrado es el de Javier Pérez Durón, pasado por instancias de procuración de justicia. ¡Que bonita familia!
No hay fondos ni para pagar aguinaldos
Pero la nave del tabasqueño gobernador que aspira la candidatura amarilla a la Presidencia en 2018, hace aguas al primer embate: Los trabajadores del Sector Salud, por ejemplo, están exigiendo el pago de prestaciones de fin de año, que importan unos 38 millones de pesos. Ni para eso tienen las arcas de la tesorería estatal.
El mandatario está buscando que el secretario de Hacienda federal, Luis Videgaray le saque el buey de la barranca con recursos adicionales para la gastalona administración estatal, que sí tiene disponibilidad dineraria para la promoción personal del aspirante presidencial.
Para esos menesteres, el despacho del gobernador sí tiene fondos. Unos 400 millones de pesos al año, de opaca gestión, asignados al área de Comunicación Social. Se colige que esa “caja chica” -“el cochinito”, le llama la gente- se nutre de la nueva y multimillonaria deuda que el gobierno del estado ha contratado en los últimos dos ejercicios fiscales.
En tanto el despilfarrador gobernador se grafica gastando en si mismo hasta lo que no tiene, las tesorerías municipales están siendo asfixiadas.
Suplen poderes federales el vacío de poder
Recientemente, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló una controversia constitucional promovida por alcaldías morelenses, porque el Congreso les negó la facultad de cobrar impuestos para sacar de la inopia sus haciendas.
Los ministros, en estricto rigor, no fallaron en favor de los promoventes sobre tal facultad, pero ordenaron a los diputados que al menos tengan la decencia de explicar las razones de su negativa.
El viernes pasado, el secretario federal de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza se vio obligado a hacer el quite al gobernador in situ, para apaciguar a los morelenses que protestan por los prejuicios que, dicen, les está ocasionando la ampliación a diez carriles de la Autopista del Sol.
Pidió disculpas Ruiz Esparza, dicen las crónicas. El titular de la SCT cumplió con creces la lógica de que “vale más pedir perdón, que pedir permiso”.
Actúa en Morelos el Poder Judicial de la Federación. Actúan en Morelos secretarios del gabinete presidencial. No parece suficiente. La raza exige ¡Juicio político a Graco! El viejo reloj europeo tiene en su base la leyenda: “Todas las horas duelen. La última es la que mata! Vale.
