Por Roxana Romero
MÉXICO (Notimex) 02 de junio de 2020.- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) advirtió que el decreto por el que se establecen las medidas de austeridad para reducir 75 por ciento del gasto corriente de todas las dependencias federales, frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento.
La Comisión expuso que no es propietaria de ninguno de los inmuebles en los que opera, la mayoría de los servicios son subcontratados y gran parte del personal fue contratado de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing.
Además, denunció que heredados por administraciones anteriores, enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios.
Aunque la CEAV argumentó que se encuentra en el supuesto de excepción señalado en el numeral 38 del decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó la reducción de 75 por ciento del gasto corriente, el cual asciende a 139.4 millones de pesos.
Precisó que los gastos de renta, agua, luz, telefonía, y otros servicios básicos contratados para la operación de la CEAV para lo que resta del año ascienden a 121.9 millones de pesos.
Expuso que el recorte provocará un ajuste en la nómina, puesto que casi 60 por ciento de los salarios son pagados con los recursos de las partidas 2000 y 3000 con la autorización de la SHCP. Tampoco será posible pagar la renta ni los servicios de agua, luz, telefonía ni Internet de las oficinas de los 32 Centros de Atención Integral del país.
Refirió que perderán el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (Renavi), con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras; desaparecería el área de traslados, pues sería imposible tramitar nueve mil 862 traslados anuales.
Se reducirían 30 por ciento los asesores jurídicos, por lo que no se podría brindar apoyo a las mil 874 víctimas al año. Tampoco se podrían tramitar las medidas de ayuda para más de cinco mil víctimas al mes.
Además, las siete mil 200 víctimas que mensualmente son atendidas en los 32 Centros de Atención Integral no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica, entre otras afectaciones.
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