Por incumplimiento de mandatos judiciales y por no devolver a ciudadanos y empresas el pago del impuesto sobre Adquisición de Inmueble, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la destitución inmediata del alcalde perredista de Emiliano Zapata, Morelos, Carlos Eduardo Martínez Varela y de otros funcionarios municipales.
De esta forma, los ministros del máximo tribunal del país ordenaron la separación de sus cargos de algunos integrantes del cabildo de dicho municipio, además de la tesorera, Liliana García, ya que no cumplieron con las sentencias judiciales que ordenaban la devolución del impuesto.
“Las referidas autoridades han sido omisas en cumplir el fallo protector, e incluso justificar las causas del incumplimiento, de ahí que el proyecto proponga declarar fundado el incidente de inejecución de sentencia y en consecuencia aplicar las sanciones mencionadas”, sentenció José Ramón Cossío Díaz.
Las sentencias contra los encargados del municipio morelense ordenaban no aplicar a futuro el impuesto reclamado de la Ley General de Hacienda Municipal, y segundo, que la Tesorería devolviera debidamente actualizados los gravámenes y otros conceptos ligados al cobro del impuesto.
De acuerdo con el proyecto propuesto por el ministro Cossío, tanto el presidente municipal, la tesorera y otros servidores públicos se han negado a devolver 14 mil 675 pesos por conceptos de adquisición de bienes inmuebles, apoyo a educación, pro universidad y pro industria.
“Se hicieron requerimientos por presidencia y lo único que dijeron (las autoridades municipales) es que habían solicitado a la tesorería de su propia municipalidad, que expidieran los cheques (para pagar el adeudo), y eso fue todo lo que informaron; no dijeron que hubiera imposibilidad o que no tuvieran recursos”, expuso el ministro presidente Luis María Aguilar.
Las autoridades mencionadas serán presentadas ante el Juez de Distrito en turno en Morelos, en términos de lo dispuesto en el artículo 267 de la Ley de Amparo, el cual prevé que se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días y, en su caso, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir.
Antes de la sentencia de la Corte, estaba previsto que el alcalde Carlos Eduardo Martínez finalizara su cargo, iniciado en enero de 2012, el próximo 31 de diciembre para que ocupara su lugar el candidato vencedor en las pasadas elecciones, Fernando Aguilar.
Con información de Excélsior