México, 19 Jul. (Notimex).- La senadora Gabriela Cuevas exhortó a la Secretaría de Gobernación garantizar y salvaguardar la integridad física y emocional de los mexicanos repatriados, así como sus derechos humanos.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado recordó que a través del Programa de Repatriación al Interior de México (PRIM), se busca que regresen seis mil 800 connacionales de manera humana, ordenada y segura.
En este sentido, solicitó que el Instituto Nacional de Migración (INM) rinda un informe sobre el proceso para elegir a los mexicanos, específicamente a niños y adolescentes migrantes no acompañados que serán repatriados a través del PRIM.
Además, pidió al Ejecutivo federal que en los casos de repatriación de niños y adolescentes no acompañados, promueva la creación de mecanismos que permitan dar seguimiento a los casos de reintegración familiar, para verificar que lleguen a salvo a su lugar de origen.
Expuso que estadísticas del INM señalan que en los últimos tres años, se repatriaron 53 mil niños y adolescentes, de los cuales 38 mil 813 viajan solos. De enero a noviembre de 2012 las entidades federativas con mayor número de repatriados fueron Baja California con 34.2 por ciento y Tamaulipas con 33.32 por ciento.
La senadora panista dijo que en la legislación mexicana están claramente establecidas las obligaciones que tiene el Estado mexicano de respetar los derechos humanos de los migrantes durante todo el procedimiento de retorno asistido.
Comentó que el programa de procedimiento de repatriación prevé casos especiales como el retorno de niños y adolescentes que viajen sin un familiar o persona que tenga su representación legal.
Cuevas Barrón consideró que esta situación requiere la atención debida de funcionarios en los tres órganos de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.
Reconoció que año con año, miles de niños y adolescentes migrantes deciden cruzar la frontera de Estados Unidos para reunirse con sus familiares, mejorar su nivel de vida, o en algunos casos para escapar de la violencia familiar o de la explotación sexual.
Sin embargo, en su intento por cruzar la frontera son vulnerables a la explotación, la trata de personas o a ser víctimas de la delincuencia, por lo que la protección de sus derechos debe ser una prioridad de las autoridades mexicanas, concluyó.