CIUDAD DE MÉXICO, 30 de agosto de 2018.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a los Gobiernos actual y entrante a pagar la deuda que el Estado mexicano tiene con las víctimas de desaparición y sus familias, especialmente en los casos de desapariciones forzadas, que en su mayoría permanecen impunes.
En el mecadoa reconciliación, dijo, es compatible con el acceso a la justicia y el derecho a la verdad. El respeto y aplicación de la ley tampoco son obstáculos para construir la paz y los procesos de reconciliación.
En ocasión del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora este jueves, la CNDH pidió impulsar un modelo de justicia transicional en que no haya impunidad y el derecho a la verdad y la justicia ocupen un lugar preponderante. Las víctimas han esperado mucho tiempo y demandan respuestas concretas, y en ello deben colaborar la sociedad y los tres niveles de gobierno.
Reconoció los esfuerzos del Poder Legislativo federal, que con familiares de víctimas de desaparición y miembros de la sociedad civil, hizo posible la publicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Advirtió, sin embargo, que las autoridades encargadas de su aplicación están en deuda con la sociedad al no cumplir a cabalidad con los términos y fechas de aplicación estipuladas en los artículos transitorios de dicha ley.
Puso como ejemplo que la Procuraduría General de la República no ha emitido y/o publicado los lineamientos para la “conservación de cadáveres y restos de personas”; tampoco, los que garanticen que los registros y el Banco Nacional de Datos Forenses cuenten con las características adecuadas”.
Según la CNDH, la PGR tampoco ha cuenta con los lineamientos que “permitan acceder sin restricción a la información contenida en plataformas, bases de datos y registros” con que cuenten las autoridades relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas.
Agregó que la Comisión Nacional de Búsqueda -por su parte- agotó el plazo establecido para emitir el Programa Nacional de Búsqueda.
Los gobiernos estatales aún tienen pendiente, en su mayoría, conformar las Comisiones Locales de Búsqueda, y las Fiscalías Especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, además de emitir o, en su caso, armonizar la legislación respectiva en materia de declaración especial de ausencia.
Las propuestas de la CNDH
La sola expedición de la Ley en la materia no resuelve el problema, por lo que debe materializarse dicha norma y, para ello, se requiere la voluntad política de las instancias de gobierno, particularmente de las entidades federativas; la profesionalización de todos los actores encargados de su aplicación; destinar recursos suficientes para instrumentar sus contenidos y realizar investigaciones efectivas que eviten la impunidad.
Asimismo, que el Estado mexicano reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, y realizar análisis de contexto o situacional de los aspectos relevantes que permitan identificar, relacionar y sistematizar los obstáculos estructurales que generan condiciones para la comisión de delitos en materia de desaparición de personas.