Por: Jesús Castillo García
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, no sólo tiene un grave problema de inseguridad que amenaza con rebasarlo, sino también un total desorden en su procuraduría, donde hay un procurador que fue designado por el Congreso Local a principios de este año, pero que quien “hace y deshace” es la subprocuradora Nora Rebeca Velázquez Romero, quien a su vez le rinde cuentas a la secretaria de Seguridad Pública, Alicia Vázquez Luna, funcionaria que pretende mantener a las dos instituciones bajo su mando.
Y el manejar dos instituciones al mismo tiempo no sería tan malo si la señora Vázquez Luna pudiera garantizar a los ciudadanos seguridad pública y una eficiente procuración de justicia, pero la realidad que los morelenses están denunciando a gritos es que las ejecuciones y los secuestros no cesan, y en la Procuraduría la justicia se vende al mejor postor.
Una muestra de esto último es lo que denunciaron vecinos del Fraccionamiento “Granjas Mérida”, ubicado en el municipio de Temixco. Ellos interpusieron una denuncia por despojo en contra de un grupo de personas que se ostentan como dirigentes de la Asociación de Condóminos, pero en lugar de aplicar la ley, la subprocuradora mencionada y la fiscal especial contra delitos patrimoniales, Irma Nayeli Hernández Mora, hicieron todo lo necesario para emitir un auto de no ejercicio de la acción penal, garantizando así impunidad a ese grupo de delincuentes.
Inexplicablemente el expediente o carpeta de investigación fue sustraído del Ministerio Público de Temixco y llevado a la Fiscalía contra delitos patrimoniales, en el sector central de la Procuraduría, donde lo mantuvieron escondido hasta que el veredicto favorable a los denunciados estuvo terminado.
Incluso, uno de los abogados de los denunciantes se entrevistó con la mencionada fiscal explicándole su intención de conocer los avances dentro de la averiguación, recibiendo en respuesta un “véngase la próxima semana y lo analizamos”, cuando en realidad se estaba firmando ya el no ejercicio de la acción penal.
De esta manera, cuando los vecinos pidieron hablar con el procurador Rodrigo Dorantes Salgado, se encontraron con que ya no había nada qué hacer porque la subprocuradora Nora Rebeca y su subordinada Irma Nayeli, ya habían exonerado a los acusados.
Y es que hay que recordar que Nora Rebeca fue impuesta en la Procuraduría antes de que llegara Rodrigo, y fue colocada ahí por la secretaria de Seguridad Pública, Alicia Vázquez Luna, a quien le debe el cargo.
Esta situación tan “sui géneris” se está volviendo ya insoportable para los mandos medios de la Procuraduría de Justicia, pues pareciera que hay dos procuradores, la de hecho y el de derecho. Las órdenes de Rodrigo no se cumplen porque la subprocuradora constantemente da la contraorden. Así sucede en Averiguaciones Previas, Servicios Periciales y Policía Ministerial.
Un detalle que agrava la situación es que la gente que llegó con Rodrigo aún no tiene nombramiento, y por lo tanto carece de facultades. Están trabajando sin cobrar porque están en espera de que les realicen sus exámenes de control y confianza o les entreguen los resultados y ¿quién cree que se encarga de ello? Pues Alicia Vázquez Luna.
Así las cosas, tenemos en Morelos un procurador sin dinero, sin gente de su confianza y sí con una enorme presión social por los delitos de alto impacto que se siguen cometiendo. Y a su lado está una subprocuradora que presume de conocer a la perfección los juicios orales, que no fue procuradora porque le faltaron votos pero estuvo en la terna, y que tiene contacto directo y permanente con quien a su vez es el brazo derecho del gobernador, o al menos eso era hasta antes de aquel penoso episodio del homicidio de los tres escoltas del procurador.
Entonces es entendible la actitud del joven abogado. Está acotado por todos lados y prácticamente no tiene margen de maniobra para nada.
A esto hay que agregarle que los recursos que le habían prometido para modernizar la Procuraduría no han llegado, por lo tanto no se pueden contratar más policías, más agentes del Ministerio Público y peritos que es lo que hace falta.
Y el gobernador Graco Ramírez, de gira por Estados Unidos.