En el Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP) que negoció con Estados Unidos y otras diez naciones, México aceptó recurrir ” a un arbitraje internacional neutral y transparente” cuando surjan disputas en cuestión de inversiones y servicios financieros, indica el resumen que la Secretaría de Economía (SE) dio a conocer sobre los 30 capítulos negociados. También se estableció que queda prohibida “la expropiación que no sea para fines públicos, sin el debido proceso o compensación”.
Si bien en el acuerdo se estableció “la libre transferencia de fondos relacionados con una inversión”, también se fijaron ciertas excepciones para “asegurar que los gobiernos mantienen la flexibilidad para administrar los flujos volátiles de capital, incluso mediante medidas de salvaguardia temporales no discriminatorias (como controles de capital) que restrinjan las transferencias relacionadas con inversiones en el contexto de una crisis de balanza de pagos o de una amenaza de ello, y algunas crisis económicas o para proteger la integridad y estabilidad del sistema financiero”.
A los gobiernos se les garantiza su derecho a regular, basados en el interés público, en temas como protección a la salud, seguridad y medio ambiente, y en las disputas sobre inversiones se incluyeron otras medidas de salvaguardia en el arbitraje internacional con el fin de evitar “reclamaciones frívolas y abusivas”, pero no fueron detalladas por la SE.
En ese proceso de arbitraje, que se pretende será transparente, se permitirá que participen otros países asociados al ATP que no sean los protagonistas de la disputa de inversión, mediante escritos amicuscuriae, término latino que significa amigo de la corte y que engloba a terceros ajenos a un litigio que ofrecen su punto de vista. El proceso también incluye la revisión del laudo o sentencia provisional, las interpretaciones conjuntas vinculantes de todos los asociados, la fijación de tiempos al respecto así como reglas para evitar que un reclamante tramite la misma disputa en procedimientos paralelos, aunque la SE no proporciona más información al respecto.
La dependencia asegura que el capítulo sobre inversiones contiene “protecciones básicas” que ya han sido incluidas en acuerdos internacionales de inversión que México ha firmado antes con otras naciones. Protecciones que, según ha explicado la dependencia en otros documentos, están diseñados para proteger la inversión de los extranjeros en territorio nacional y la de mexicanos en el extranjero. Así, se incluyen conceptos como “trato nacional” y “nación más favorecida” para garantizar que los gobiernos de los países firmantes del ATP se comprometan a otorgar el mismo trato a inversionistas nacionales y extranjeros, de acuerdo con principios de derecho internacional.
Los gobiernos también podrán contar con “listas negativas” referidos a que aun cuando “sus mercados estén completamente abiertos a los inversionistas extranjeros”, pueden fijar excepciones, como adoptar políticas y medidas discrecionales en el futuro.
Con el capítulo de servicios financieros — incluye el manejo de carteras, servicios de tarjetas con pago electrónico y transferencia de información para procesamiento de datos–, el ATP otorga “importantes oportunidades transfronterizas de acceso a mercado e inversión” pero sin necesidad que los proveedores de cada país asociado tengan que establecerse en el territorio de las otras naciones del acuerdo porque podrán operar vendiéndole sus servicios a compañías nacionales autorizadas al respecto.
Los países firmantes del ATP mantendrán su capacidad de “regular mercados e instituciones financieras y pueden adoptar medidas de emergencia en casos de crisis”. En el arbitraje para resolver disputas se incluye “un mecanismo especial Estado contra Estado para facilitar la aplicación de la excepción prudencial y otras excepciones contenidas enelcapítulo de inversiones”.
A los reguladores financieros se les conceden excepciones “para mantener amplia discreción” en la toma de medidas que promuevan la estabilidad financiera y la integridad de sus sistemas financieros, incluyendo excepciones de medidas en persecución de política monetaria y otras, señala la SE.
Con información de La Jornada