México, 29 Ago. (Notimex).- El asambleísta Alejandro Ojeda afirmó que más de 28 mil 800 habitantes de la delegación Iztapalapa están afectados por la indefinición territorial que existe entre ésta y Tláhuac, ya que carecen de la certeza de que se cumplan sus derechos como ciudadanos.
En entrevista, el diputado del PRD señaló que el crecimiento poblacional de las zonas y la falta de una delimitación clara entre ambas delegaciones ha generado afectaciones a las colonias Las Arboledas, La Estación, Poblanita, La Escalera y la Unidad Habitacional Santa Cruz VI y VII.
Explicó que al no contar con una definición territorial precisa entre una y otra delegación, se ha originado que no se ejerzan de manera normal los recursos del Presupuesto Participativo, lo que impacta en forma negativa en el desarrollo y prestación de servicios públicos en esas colonias, que carecen de ellos.
Por ello, pidió al Instituto Electoral y a la Secretaría de Finanzas capitalinos que consideren los conflictos de límites territoriales entre las delegaciones Iztapalapa y Tláhuac, e instrumenten un mecanismo para el correcto ejercicio del Presupuesto Participativo 2014 en dichas colonias.
Dijo que los límites entre esas demarcaciones incluyen “una línea visual”, del cerro de Santa Catarina hacia el suroeste hasta la esquina noreste del panteón San Lorenzo Tezonco, y sigue hacia el suroeste por la calle Providencia hasta el eje de la calzada Tulyehualco.
Ojeda indicó que el crecimiento poblacional y la falta de certidumbre en la delimitación territorial afectaron los procesos de participación ciudadana, pues se imposibilitó la aplicación del Presupuesto Participativo en 2011 y 2012.
Los proyectos incluían construir muros de contención en zonas de alto riesgo y obras de alumbrado público, presupuesto que no se ejerció con el argumento de la incertidumbre de los límites territoriales, por no existir certeza jurídica sobre la pertenencia de las colonias a una u otra delegación.
El legislador perredista calificó como “inaceptable” que se tengan que regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal los recursos no ejercidos, lo que además desalienta la participación en los procesos ciudadanos.
Las instituciones señaladas están obligadas a garantizar que los procesos de participación previstos en la ley se cumplan, para lo cual deben superar “cualquier obstáculo en aras de legitimar el actuar de la institución y sus propósitos”, puntualizó Ojeda.