Por Luis A. Méndez
MÉXICO (Notimex) 04 de marzo de 2020.- Una de las principales empresas proveedoras del servicio de salud fue beneficiada, de 2012 a 2019, con un total de 7,083 millones de pesos por parte de gobiernos estatales de Puebla, Oaxaca, Guanajuato, Tamaulipas e Hidalgo y, a partir de estos recursos, realizó transferencias internacionales por 3.8 millones de dólares.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, presentó algunos datos de la investigación por diversas irregularidades de la compañía.
“Uno de los temas centrales tiene que ver con la corrupción en el ámbito del sector salud (…) se han presentado ya las denuncias y las responsabilidades administrativas que corresponden (…), en este caso en particular hay registros de depósitos por 667 millones de pesos y retiros por 666 millones de pesos”, refirió Nieto.
De acuerdo con el titular de la UIF, la empresa ganó adjudicaciones directas por nueve mil 120 millones de pesos; sin embargo, declaró que obtuvo pérdidas fiscales por 410 millones, por lo cual se analiza un posible caso de defraudación.
“No resulta compatible con ningún sistema financiero, y la única explicación posible tiene que ver con defraudación de naturaleza fiscal, adquisición, operaciones simuladas a partir de la facturación falsa”, declaró Nieto.
De acuerdo a lo expuesto por el funcionario, la empresa es Intercontinental de Medicamentos, la cual tan sólo en 2013 recibió 129.4 mdp del gobierno de Oaxaca para el Seguro Popular, y en 2017 obtuvo cheques por 24 mdp de la Secretaría de Salud del estado de Puebla, también bajo el esquema del Seguro Popular.
Además, de 2012 a 2015, dispuso recursos mediante una red de empresas fachadas en Oaxaca, que se encuentran en la lista de simuladoras del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Cabe señalar que la empresa señalada es la misma que tiene un contrato por cinco años con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN), que se firmó en 2017 bajo la dirección en el instituto del recién destituido doctor, Miguel Ángel Celis López, y que fue de poco más de 662 millones de pesos.
Dicho contrato fue considerado como leonino por la actual administración, y la Secretaría de la Función Pública indaga el acuerdo.
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