CIUDAD DE MÉXICO, 11 de septiembre de 2017.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que, como parte de las líneas de investigación que se realizan en torno a la construcción del Paso Express de Cuernavaca, obra en la que se produjo un socavón en el cual cayeron y fallecieron dos personas, se revisa la evolución patrimonial de los servidores públicos que intervinieron en su construcción.
Arely Gómez, titular de la dependencia, señaló que el lamentable hecho “ha indignado a la sociedad mexicana y ha generado que algunos actores hayan expresado sospechas sobre el posible incumplimiento de responsabilidades por parte de funcionarios públicos y particulares que participaron en las actividades relacionadas con la obra”.
La funcionaria refirió que la SFP trabaja a partir de tres enfoques: las investigaciones iniciadas, los procedimientos en curso y las auditorías realizadas a la obra.
Como primera línea de acción, el órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes inició siete investigaciones que deslindarán responsabilidades y las omisiones o faltas en que pudieron incurrir los servidores públicos constructores de la vialidad.
De esta medida se desprenden cuatro puntos, que son: supervisión de la obra, cumplimiento de los perfiles, información de los peritos y el porqué no se publicó el proyecto de la obra en Compranet.
En una segunda acción, la SFP investiga los procedimientos para deslindar responsabilidades en contra de tres servidores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque probablemente hicieron caso omiso a las advertencias de los riesgos de la obra. Esta línea de investigación está en la fase de desahogo de pruebas.
En una tercera línea de acción, la SFP indicó que está auditando los contratos de obra pública, coordinación del proyecto, verificación de calidad y los servicios de supervisión. La dependencia dijo que en el mes pasado se ampliaron los entes auditados, por lo que se incluyen a la investigación la dirección general de Desarrollo Carretero y la dirección general de Carreteras, ambas entidades confluyentes a la SCT.
Se mencionó que en el caso de los siete funcionarios indagados, dos investigaciones se derivan de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública de 2015, en la que se detectaron pagos en exceso, diferencia de volúmenes de obra y no contarse con autorización de cambio de proyecto.
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