* Se cumple una década del asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. No hay una sola persona condenada y muy pocas familias recibieron indemnización.
Por Alberto Pradilla
MÉXICO (RT) 24 de agosto de 2020.- “Pido al gobierno mexicano que se haga justicia”. Angela Pineda Morales perdió a su hija Mayra Isabel hace diez años. Partió de Sipacate (Guatemala), con destino a Estados Unidos, donde esperaba lograr una vida mejor. Nunca lo consiguió. Su cuerpo apareció atado de pies y manos y con un disparo en la cabeza en San Fernando, Tamaulipas, a 150 kilómetros de la frontera. En total fueron ejecutadas 72 personas procedentes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Brasil y Ecuador. Únicamente hubo dos sobrevivientes. Aquella masacre conmocionó a México y se convirtió en símbolo de la crueldad de los grupos criminales hacia los migrantes que buscan alcanzar el sueño americano. Ahora se cumplen diez años marcados por la impunidad.
Recuerda Pineda que el 02 de agosto de 2010 fue el último día en el que vio a su hija con vida. Antes de que partiese realizaron un encuentro familiar. Con ella marchó su tío Efraín y sus primos Nancy y Richard, también muertos en la masacre. “Mayra prometió a su hijo que le traería un robot”, explica su abuela. Así se quedó contento el niño, que entonces tenía 4 años y que no entendía por qué su madre tenía que marchar tan lejos.
Fueron secuestrados por Los Zetas, uno de los grupos criminales más sanguinarios de México. Su objetivo era reclutarlos por la fuerza para trabajar para ellos, pero como se negaron decidieron matarlos
“Marchó por la situación de pobreza que hay aquí en Guatemala”, explica su madre. Ella no estaba de acuerdo con la decisión. “Al menos frijolitos tenemos para comer”, le dijo. Pero no pudo convencerla. Como miles de compatriotas prefirió pagar a un pollero (que es como se conoce a los guías que conducen a los migrantes a Estados Unidos) para poder hacer dinero y mandarlo a casa.
Los migrantes fueron secuestrados por Los Zetas, uno de los grupos criminales más sanguinarios de México. Su objetivo era reclutarlos por la fuerza para trabajar para ellos, pero como se negaron decidieron matarlos.
A pesar del tiempo transcurrido no hay un solo condenado por aquella masacre. La Fiscalía General de la República (FGR), que entonces se llamaba Procuraduría, imputó a 15 personas. Todas están en prisión por otros delitos salvo una, que falleció sin ser juzgada. Además, la mayoría de familias tampoco ha recibido compensación económica por los asesinatos. En 2018, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) anunció indemnizaciones para los allegados de cinco víctimas ecuatorianas y para un sobreviviente. No anunció pagos a más afectados. En 2013 la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) hizo una recomendación sobre el caso que fue muy criticada por las organizaciones de la sociedad civil ya que no señalaba la responsabilidad del Estado en la masacre.
“En estos diez años no ha habido justicia para las víctimas. Las familias necesitan una reparación integral”, dice Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que acompaña a familiares de 11 de las 72 víctimas. Entre las reclamaciones: estudios forenses de los cuerpos que se repatriaron y apoyo médico para familiares que cada vez son de edad más avanzada.
Por ejemplo, para Pineda Morales la gran urgencia es que exhumen los restos de su hija. Asegura que cuando México devolvió su cuerpo, lo hizo en un ataúd cerrado que le prohibieron abrir. Tampoco llegó ningún documento explicativo. Así que ni siquiera sabe si lo que enterró fue el cuerpo de su hija. No sería la primera vez que las autoridades mexicanas entregan confundido un cuerpo, según explica Fabienne Cabaret, abogada de la fundación.
Hasta el momento, seis familias guatemaltecas y una brasileña han pedido exámenes forenses para tener la certeza de que les entregaron a sus seres queridos. Únicamente se hizo una exhumación, la de la salvadoreña Glenda Medrano Solórzano, que confirmó en 2017 que los restos que enterraron eran los de la joven.
“Este dolor nadie lo repara, pero me dejaría más tranquila hacer la exhumación”, asegura.
Activistas colocaron el sábado en el paseo Reforma de la Ciudad de México un antimonumento en recuerdo a los migrantes que se dejaron la vida tratando de alcanzar Estados Unidos. En esta misma avenida hay levantadas esculturas que recuerdan las atrocidades que se perpetran en el país: una por los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014; otra por los 49 niños muertos en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en 2009; otra por las víctimas de feminicidio.
Al menos 1,500 personas fallecieron en la frontera desde 2014. No hay datos sobre cuántos fueron asesinados en todo este tiempo
El papa Francisco recordó a las víctimas en su mensaje dominical en El Vaticano. No se pudo realizar un acto de conmemoración en el municipio en el que tuvo lugar la matanza porque las condiciones de seguridad siguen siendo insuficientes: Tamaulipas es un estado que continúa sufriendo la violencia de los carteles del narcotráfico.
A pesar del tiempo transcurrido, México sigue siendo un país muy peligroso para los migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 1,500 personas fallecieron en la frontera desde 2014. No hay datos sobre cuántos fueron asesinados en todo este tiempo. Durante el último año se disparó el número de secuestros registrados en los estados del norte como Baja California o Tamaulipas. Especialmente desde el establecimiento del programa ‘Quédate en México’ en 2019, que permite a Estados Unidos devolver a migrantes para que esperen al sur de Río Bravo su cita con el juez, que decidirá sobre su petición de asilo.
En Sipacate, un humilde municipio costero de Guatemala, siguen recordando a los migrantes que salieron para cumplir el sueño americano y regresaron en una caja de madera. Cada vez tienen menos confianza en que los responsables sean castigados algún día.
VP/Nacional/EZ