La tortura en México es generaliza y ocurre en un contexto de impunidad, lo que es un aliciente para su repetición y agravamiento, según el relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez.
“La tortura es generalizada en México. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación”, señala el informe.
El relator especial, que estuvo en México del 21 de abril al 2 de mayo del año pasado, destacó en su informe que observó también serios problemas en las condiciones de detención, especialmente hacinamiento.
Hizo un llamado al gobierno a implementar prontamente sus recomendaciones y a la comunidad internacional a asistir a México en su lucha para eliminar la tortura y los malos tratos, revertir la impunidad y garantizar la reparación integral de las víctimas.
En las conclusiones del informe se advirtió que la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad.
“Generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información. Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.
“Las salvaguardias son débiles, especialmente para detectar e impedir la tortura en esos primeros momentos y asegurar su investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva”.
El relator especial expresó su preocupación por lo ocurrido en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
“La inaceptable tragedia constituye un llamado urgente al gobierno para implementar reformas estructurales en materia de seguridad, lucha contra la corrupción y garantías de los derechos humanos, que deben incluir remedios a la problemática evidenciada en el presente informe, en especial a la impunidad y las débiles garantías para prevenir y erradicar la tortura”, afirmó.
El relator recomienda al gobierno de México reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado.
En su informe, el relator urge a tomar todas las medidas para prevenir y castigar seriamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos.
Méndez pide reformas legislativas urgentes para adaptar la normativa a los estándares internacionales para prevenir, evitar, juzgar y castigar todos los actos de tortura o malos tratos.
Uno de los actos “urgentes” que México debe emprender es la investigación de todas las denuncias presentadas hasta la fecha, incluidos “los sucesos pendientes de la Guerra Sucia”.
En la misma línea, se debe suspender inmediatamente a los funcionarios sospechosos de aplicarla; y ordenar a los fiscales y jueces que excluyan de oficio cualquier prueba de la cual se tenga sospecha que ha sido obtenida bajo malos tratos.
Méndez pide que se retire “definitivamente” a las fuerzas armadas de las labores relacionadas con la seguridad pública.
Con información de Milenio