La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) deberá buscar y entregar a una particular los listados de minas clausuradas en donde se ha detectado extracción ilegal de minerales, y la relación de cargamentos de minerales de origen ilegal detectados en los puertos del país de 2007 a 2014.
Así lo ordenó el Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) al resolver un recurso de revisión interpuesto por una particular que solicitó información sobre la extracción ilegal de minerales, el valor del material, la organización criminal que extraía el mineral y el daño ambiental provocado.
También pidió saber sobre las minas clausuradas, el motivo de la clausura, su duración y las sanciones impuestas, y sobre la detección de cargamentos de origen ilegal, el puerto dónde ocurrió, la mina de procedencia y el destino de la carga.
La Profepa respondió a la solicitud que su sistema informático sólo contiene datos sobre el incumplimiento de las obligaciones ambientales y luego de que la requirente se inconformó con la respuesta le entregó información sobre las minas clausuradas, pero omitió los datos relacionados con la duración de la clausura y sanciones impuestas.
El caso fue turnado a la comisionada Areli Cano Guadiana, quien tras realizar su análisis concluyó que la Profepa no turnó la solicitud de acceso a todas sus unidades administrativas competentes.
Únicamente la envió a la Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación, pero la dependencia –refirió la comisionada– cuenta con al menos otras seis áreas que tienen información de la extracción ilegal de minerales, de las denuncias relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones ambientales y de las acciones de inspección y vigilancia en los puntos de entrada al país.
La comisionada destacó que al conocer esa información las autoridades pueden crear bases de datos que sirvan para diseñar estrategias en el combate a la delincuencia, prevenir daños ambientales, ubicar las rutas de tráfico y los países de destino.
“Si bien la minería trae consigo beneficios a la economía nacional, su explotación ilícita e irregular implica un uso indebido de la propiedad pública sobre la tierra, desaprovecha abiertamente los recursos naturales y ocasiona daños en el medio ambiente, en la salud, en la vida de trabajadores y comunidades”, subrayó.
Por ello propuso al pleno del Ifai revocar la respuesta de la Profepa y ordenarle realizar una búsqueda exhaustiva de la información requerida en todas sus unidades administrativas competentes y entregarla con el desglose solicitado a la particular.