México, DF.23. Sept. La magnitud del impacto de la apertura del sector energético al sector privado en el aumento de la inversión y el crecimiento de la economía dependerá de una implementación “prudente y oportuna” de la reforma constitucional y de las nuevas leyes que regulan esta actividad, opinó este martes la calificadora de inversiones Fitch Ratings.
La firma consideró “poco probable” que la reforma tenga un impacto en las calificaciones de solvencia del gobierno mexicano.
“Es poco probable que la aprobación de la reforma energética tenga un impacto sobre las calificaciones del gobierno de México en el corto plazo”, apuntó.
Las futuras acciones para modificar la calificación de la deuda emitida o respaldada por el gobierno mexicano se enfocarán en el desempeño económico y fiscal, así como la capacidad de México para mitigar sus debilidades crediticias, tales como un crecimiento moderado y una limitada flexibilidad fiscal, sustentada por una base de ingresos estrecha, una alta dependencia en los ingresos petroleros y colchones fiscales limitados, de acuerdo con Fitch Ratings.
Fitch otorga a la deuda emitida o respaldada por el gobierno mexicano el llamado “grado de inversión”, lo que implica una baja probabilidad de incumplimiento de pago y, por tanto, implica menores costos de financiamiento para el sector público nacional.
“De las diferentes reformas aprobadas desde 2012 para abordar las restricciones estructurales sobre el crecimiento de México, la reforma energética debería proveer los mayores beneficios en términos de inversión y actividad económica,” dijo Shelly Shetty, director del grupo que califica las emisiones de deuda de gobiernos latinoamericanos de Fitch. Una mayor participación del sector privado debería aumentar la producción de petróleo y llevar a una reducción en las tarifas eléctricas, mejorando la competitividad del sector manufacturero del país, consideró.
“Sin embargo, la magnitud del impacto dependerá de la implementación prudente y oportuna de la reforma, así como del grado en que el sector privado aprovechará las nuevas oportunidades entregadas por la liberalización del sector energético,” agregó Shetty.
La reforma energética, que incluye la transformación de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas del Estado, en lugar de ser paraestatales como hasta antes de la aprobación de los cambios, debería en general ser neutral para las cuentas fiscales. Aunque la reforma incluye una reducción gradual en la carga tributaria de Pemex, el gobierno tendrá cierta flexibilidad para ajustar los dividendos con el fin de mitigar las presiones sobre las finanzas públicas, opinó.
“El establecimiento prudente del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo tendrá un efecto positivo sobre los colchones fiscales de México en el mediano plazo. Por otro lado, la posible absorción de una porción de los pasivos por pensiones podría llevar a un aumento en el endeudamiento del gobierno federal, aunque la magnitud del impacto todavía es incierta. La apertura de un sector que tradicionalmente estuvo dominado por entidades públicas es prometedor y podría llevar al mayor dinamismo económico tan necesario para reducir la brecha de ingresos respecto a otros países con calificaciones más altas y facilitar una más rápida reducción de la carga de endeudamiento del gobierno”, agregó.