MÉXICO (Notimex) 01 de agosto de 2018.- El Poder Judicial de la Federación anunció una reorientación en algunas de sus estrategias y acciones que permitan ejercer sus funciones con mayor eficiencia, eficacia, racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto público, sin comprometer su autonomía e independencia.
Para ello, se instruyó a las unidades administrativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que elaboren los respectivos proyectos de presupuestos de Egresos para el ejercicio 2019, los cuales deberán someterse a la aprobación de los plenos.
Durante la declaratoria de apertura del segundo periodo de sesiones, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales, reconoció que el país enfrenta retos en lo económico, en lo político y en lo social “y el Poder Judicial de la Federación no es ajeno a estos retos”.
En ese sentido indicó que la reorientación del gasto deberá basarse en tres directrices: Revisar la política de inversión pública en materia de bienes, servicios y obra, a fin de solo ejercer recursos públicos en aquellos rubros que sean estrictamente indispensables, disminuyendo gastos no prioritarios como la compra de vehículos, remodelaciones, mobiliario y equipamiento en general.
La segunda directriz es: Revisar la política en materia de servicios al personal para disminuir gastos en congresos, convenciones, ceremonias, viáticos, subsidios, gasolina, actividades culturales y deportivas, así como apoyos económicos en general no indispensables para la adecuada impartición de justicia.
Mientras que la tercera es: Profundizar en la política de racionalidad, disciplina y ahorro que se han instrumentado en los últimos años, que no impida cumplir con las obligaciones que imponen el marco constitucional y legal que rige el servicio de impartición de justicia federal en beneficio de la población.
Aguilar Morales indicó que al tomar estas acciones, sin comprometer la autonomía e independencia judicial, se logrará un ahorro importante que podría ser reorientado conforme a las directrices y valoraciones que hagan los Poderes de la Unión competentes.
En ese sentido, resaltó que dentro de la política de austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto, el Poder Judicial de la Federación está en posibilidad de contribuir a las finanzas públicas nacionales, como ha hecho con la planeación de presupuestos racionales y adecuados.
Así como con el reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos económicos generados por ahorros y economías presupuestales una vez cumplidos los objetivos institucionales, como en 2017, cuando se reintegraron dos mil 100 millones de pesos para apoyar a los afectados por los sismos de septiembre.
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