Después de dos años de estudio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no incurrió en el delito de compra de votos a través de la entrega de tarjetas Monex.
“No se prueba el financiamiento paralelo con recursos ilícitos, ni la compra y coacción del voto con los denominados monederos Monex”, afirmó la magistrada María del Carmen Alanís.
El magistrado Esteban Penagos aseguró que no quedaba ninguna duda de que el origen del dinero había sido claro, producto de la celebración de un contrato por parte de la empresa Alkino S. A. de C. V., y el PRI, ya que los institutos políticos no tienen ninguna limitación para celebrar contratos.
La Sala Superior estudiaba desde el 6 de febrero de 2013 el recurso presentado por el PAN, el PRD, MC y el PT contra la resolución del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), el cual, pese a haber acreditado que el PRI recibió más de 66 millones de la empresa Alkino para la campaña electoral y los repartió en monederos del banco Monex, resolvió por mayoría de 5 votos contra 4 que no había irregularidad alguna.
Lo que sí encontró la Sala Superior en sus investigaciones fue que el IFE dio por buenos gastos por 6.8 millones de pesos del PRI en el Distrito Federal y en Jalisco sin una justificación convincente, por lo que ordenó al ahora Instituto Nacional Electoral (INE) reabrir este tramo de la investigación.
“Fueron considerados como un gasto ordinario, sin otra fundamentación o motivación que la de la fecha en que se realizó la erogación, que fue después de la jornada electoral de julio de 2012”, expuso el magistrado Constancio Carrasco.
Con información de Reforma