El titular de la Secretaría de Movilidad (Semov) de Jalisco, Servando Sepúlveda, informó al presentar un programa anticorrupción en la Secretaría de Movilidad (Semov) de Jalisco, que 500 de los 900 agentes de la Policía Vial reprobaron el examen de control y confianza, incluidos de 20 a 30 mandos estratégicos, intermedios y personal de confianza.
El funcionario dijo que el personal será renovado con promociones dentro de la misma Semov y con agentes de nuevo ingreso, de los cuales el 70 por ciento serán mujeres y el 30 por ciento hombres.
Afirmó que tras la instrucción del gobernador Aristóteles Sandoval que lo nombró secretario de Movilidad en julio pasado para llevar a cabo un plan anticorrupción, se practicó una auditoría al personal que detectó que 500 elementos de la Semov no aprobaron los exámenes de control y confianza, muchos de ellos desde su ingreso un año atrás.
“Esto es un tema delicado porque un gran número de estos miembros de la (Semov) son o fueron miembros de primer ingreso, a los cuales no se les debió haber permitido el ingreso a la institución”, dijo.
Reconoció que “deshacernos” de los 500 que reprobaron los exámenes afectará el servicio directamente en las calles, pero se convocará al personal de la propia Semov para ocupar los espacios que queden libres en una especie de plan de promoción, además que se abrirá una convocatoria de nuevo ingreso.
El programa anticorrupción además de la auditoría, plantea una serie de acciones que incluyen adquirir equipo para emisión de infracciones electrónicas que supuestamente erradicarían la práctica de la “mordida”.
Se instalarán cámaras de reconocimiento facial y grabación de voz en las oficinas de trámites que son susceptibles de prácticas de corrupción, en especial el área de licencias.
También habrá otras auditorías dirigidas a las áreas donde se reportan dichas prácticas.
Sepúlveda dijo que el plan se basa en los resultados de un estudio que permitió identificar las causas que provocan la corrupción en las diferentes áreas, en el que se vieron las problemáticas alrededor de los funcionarios públicos, relaciones sindicales, ciudadanía y usuarios, además de aspectos administrativos.
Entre los funcionarios se detectó falta de ética y buenas prácticas de servicios, redes de complicidad interna y externa, incongruencia en la aplicación de valores a la misión y no aplicaciones a la normatividad.
Con información de La Jornada