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Nacional

Sentencias judiciales deberán ser públicas

Por Héctor Álvarez Fernández

MÉXICO (Notimex) 23 de octubre de 2019.- La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la fracción II del Artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de establecer la obligación de los Poderes Judicial Federal y de las entidades a hacer públicas y actualizar las versiones del texto íntegro de todas sus sentencias.

El documento, aprobado con 413 votos y canalizado al Senado para sus efectos constitucionales, indica que no se puede evaluar la impartición de justicia ni la pertinencia de la carrera de las y los jueces, por lo que se necesitan sentencias públicas para romper con las prácticas de nepotismo, amiguismo y los pactos para los puestos.

Al fundamentar el dictamen, el secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, José Luis Montalvo Luna, expresó que la gobernabilidad democrática tiene como requisito indispensable el constante escrutinio de la sociedad sobre la actuación de las instituciones del Estado, por lo cual la transparencia hace posible una efectiva rendición de las mismas.

Señaló que ahí radica la importancia del dictamen, en virtud de que abona a una mayor transparencia del Poder Judicial, tanto federal como de las entidades federativas, al establecer que deben poner a disposición de todas las versiones públicas del texto íntegro de todas las sentencias.

El diputado del Partido del Trabajo (PT) sostuvo que con la aprobación del dictamen se avanza hacia el fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia porque se garantiza mayor claridad en su actuación.

El diputado Raymundo García Gutiérrez, del PRD, indicó que la mayor parte de las sentencias no son públicas en el país, sólo el propio Poder Judicial y los involucrados en los juicios conocen su contenido, lo que impide que haya un monitoreo de la sociedad hacia el desempeño de los juzgadores en su labor cotidiana.

Expuso que la falta de publicidad de las sentencias afecta de forma directa la posibilidad de que la población pueda fiscalizar y exigir cuentas sobre la labor del Poder Judicial, función que, entre otras cosas, afecta la vida de millones de personas, sin que tengan oportunidad siquiera de saberlo.  

VP/Nacional/EZ

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