Representantes indígenas de la Sierra Tarahumara denunciaron que el 85 por ciento de las mil 500 hectáreas despojadas a sus comunidades, y en litigio ante la Suprema Corte de Justicia, está en manos de empresas inmobiliarias, del gobierno de Chihuahua y de la Secretaría de Turismo.
Al llegar a la ciudad de México como parte de la Caravana por la Justicia, líderes de Bacajípare, Choréachi, Bosques San Elias Repechique, Coloradas de la Virgen, El Mochomo, Huetosachi, Mala Noche y Mogótavo, ubicadas en los municipios de Urique, Guadalupe y Calvo, Mocorito y Guazapares, en Chihuahua y Sinaloa, respectivamente, aseguraron que siguen construyendo en sus tierras.
“Ellos tienen los títulos y están haciendo los movimientos de mercadotecnia de la tierra, son los beneficiarios a partir de que la Secretaría de la Reforma Agraria los declaró adjudicatarios”, señaló Horacio Lagunes, uno de los abogados de los tarahumaras y rarámuri.
Dijo que la Corte está ante el desafío de reconocer la posesión ancestral de los pueblos indígenas de la zona o validar los procedimientos que realizó la Secretaría de la Reforma Agraria.
En tanto, Miguel Manuel Parra, vocero de los tarahumaras, recordó que los tres niveles de gobierno no han cumplido con la creación del Consejo Consultivo para el Fideicomiso Barrancas del Cobre ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una sentencia emitida en 2012.
En dicho Consejo Consultivo participarán los representantes tarahumaras y se encargarán de establecer políticas de desarrollo para la zona.
“A cuatro años de que se emitió la sentencia no se ha cumplido, ha sido una larga lucha contra las dependencias que han estado contraponiéndose a la conformación de este fideicomiso”, afirmó Alma Verónica Chacón, abogada de los indígenas.
Pese a la resolución de la Corte, aseguró, privados siguen construyendo obras dentro de las comunidades, que han tenido impacto en la calidad de vida de los tarahumaras y rarámuris.
Por último, Miguel Manuel Parra, vocero de los tarahumaras, informó que el miércoles se reunieron con senadores y el titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, para expresarles que las autoridades no han cumplido con los compromisos establecidos en la primera Caravana por la Justicia.
“No nos han resuelto el acceso a la salud, a la educación y también lo del agua, que es recurso básico que es un derecho humano que nos ha sido negado, por lo que hemos venido a darle seguimiento”, expresó.
(Nota de Manuel Espino Bucio para La Crónica)