El Servicio de Administración Tributaria y la PGR van contra una de las más grandes redes de contrabando de textiles que ha operado en México y que involucra a más de 153 proveedores, 31 importadores y 113 empresas virtuales.
Una parte central de esta investigación, anunciada el 23 de octubre por el SAT, se enfoca en una estructura delictiva vigente durante las últimas dos décadas, principalmente entre México y Estados Unidos.
En este entramado, por el cual también se indaga a 22 agentes aduanales -a quienes se les canceló su firma digital a finales de enero-, está un grupo que desde 2004 fue acusado de evadir contribuciones fiscales por más de 4 mil 56 millones de pesos, hasta hoy el mayor asunto de contrabando de textiles en México.
Uno de los sobrevivientes de esa antigua red de intereses empresariales y delictivos es, según información documental de México y Estados Unidos, Alejandro de Jesús Escalera Cárdenas.
Escalera fue detenido y arraigado en 2004 en el DF, pero después de 90 días la PGR lo dejó en libertad porque concluyó que no había elementos para consignarlo, una suerte muy distinta a la de 19 de sus presuntos cómplices, contra quienes sí procedieron las órdenes de aprehensión.
Antes como ahora, las autoridades han señalado a Escalera de tener un negocio dedicado a comprar por encargo textiles en China, Singapur, Corea del Sur y Hong Kong; facturarlos como producto estadounidense y triangular la mercancía a México al amparo del Tratado del Libre Comercio.
El 10 de febrero de 2010, Escalera volvió a ser detenido por el Departamento de Inmigración y Aduanas, en Laredo, Texas, lo que detonó la investigación que está en curso en el SAT y la PGR, ahora por el impago de aranceles por más de 500 millones de pesos.
El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos denunció el 26 de julio de 2012 ante la PGR una lista de empresarios textileros que presumiblemente eran clientes del contrabandista.
Entre ellos, la denuncia menciona a Rony Akiki, Juan Carlos López Rodríguez, Moisés Zaga, Sofía Galante (o Galán) Zaga, Sandra Cassab y Jackie Cassab, Juan Antonio Name Name, Ricardo Saraf Assad, Moisés Cohen y Salomón Dabah Elfon.
Según el SAT algunos de los empresarios involucrados también operaban el denominado “fraude carrusel” o simulación de contratos, para evadir el ISR.
Tanto la PGR como la Unidad de Inteligencia Financiera detectaron que varios de los implicados en el contrabando de textiles fueron receptores de transferencias que hizo Roberto Tenorio Navarro, desde la cuenta 157054610 de BBVA Bancomer.
El 12 de septiembre de 2012, Escalera se declaró culpable de un cargo de contrabando y otro de transacciones monetarias internacionales ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, en Laredo.
Marina García Marmolejo, la juez federal texana, inicialmente fijó para el 30 de mayo de 2013 la fecha para dictarle sentencia. Antes de cumplirse el plazo, empezaron a llegar a la juzgadora mociones y documentos clínicos.
Finalmente, el 20 de marzo de 2013, la Fiscalía pidió a García retirar los cargos contra Escalera y lo deportaron.
El 14 de octubre pasado, el SAT presentó su propia denuncia ante la PGR contra esta red de contrabando de textiles.
A Escalera, según fuentes conocedoras del caso, le retiraron los cargos en Estados Unidos y lo deportaron a México porque padece de una enfermedad grave en etapa avanzada que, a últimas fechas, lo ha llevado a someterse a intensos tratamientos.
Hasta 2013, la PGR empezó a actuar contra los presuntos implicados en la red de contrabando, aunque lo hizo por separado y a cuentagotas.
El 15 de noviembre de 2013, la PGR obtuvo una orden de aprehensión por el delito de contrabando en contra de Lizbeth Pérez González, administradora única de Comercializadora y Maquiladora Avan S.A. de C.V.
El 30 de mayo de 2014, la PGR pidió la aprehensión de Sofía Galante Zaga, otra de las relacionadas con Alejandro de Jesús Escalera Cárdenas, por presuntamente lavar 51 millones 319 mil 352 pesos, en un intercambio de divisas de 3 millones 703 mil 950 dólares de origen presumiblemente ilícito.
En la acusación, donde también se pidió capturar a José Hop Kalach y Fernando Velázquez Hernández, se señala que las operaciones supuestamente se realizaron en 2009 por medio de la empresa Textiles Shell en Cibanco y Multivalores Casa de Bolsa.
El 4 de marzo de 2004, el Juzgado Noveno de Distrito en Procesos Penales del DF ordenó la aprehensión de 19 personas por el delito de contrabando, derivado de una denuncia del SAT por la evasión de 4 mil 56 millones 627 mil 46 pesos en contribuciones fiscales.
Por el monto, se trata del caso más importante que la PGR llevó a los tribunales por este delito.
Algunos de los principales denunciados eran José Inés Avelino Flores Macías y Ramón Conrado Solís Medina, accionistas de la empresa Hilados y Tejidos Fantasy, de allí que la investigación fuera bautizada como el Caso Fantasy. Conrado fue detenido en 2009.
Además de la consignación de 19 indiciados, la Procuraduría dejó abierta otra investigación contra los involucrados en las operaciones en la frontera y uno de ellos era Alejandro de Jesús Escalera Cárdenas, quien fue detenido el 26 de abril del 2004.
Debido a que el empresario no estaba incluido en la consignación inicial, la PGR consiguió una orden de arraigo por 90 días. Al término de la medida cautelar, la SEIDO decidió no ejercitar la acción penal por falta de elementos y lo dejó en libertad.
Tras librar el caso Fantasy, las autoridades no volvieron a saber nada de Escalera desde 2004 hasta que el 10 de febrero de 2010 fue detenido por el Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE), en las instalaciones de su empresa Esca Inc., en Laredo, Texas.
El Departamento de Justicia le imputó seis cargos por contrabandear a México 2 mil 476 rollos y 62 mil 749 libras de tela, con certificados de origen del TLC apócrifos que usaba para simular que la mercancía de origen chino había sido manufacturada en Estados Unidos.
Esta forma de subvaluar el costo de las mercancías para los importadores mexicanos también es conocida como “contrabando técnico”.
También le imputaron transferir instrumentos monetarios por 250 mil dólares en cantidades inferiores a 10 mil, así como transportar, transmitir y transferir fondos al extranjero con la intención de promover una actividad delictiva.
Cuando presentó los cargos contra Escalera, el Gran Jurado pidió decomisarle todo tipo de bienes por valor de 250 mil dólares y 4 millones 300 mil dólares.
Escalera fue encarcelado en Laredo, pero la información que obtuvo el ICE en esta investigación dio lugar a que el 26 de julio de 2012, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (Homeland Security) presentara una denuncia ante la PGR.
Con información de Reforma