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Un estado que proporcione mayor beneficio social: CNU

El Congreso General 2015 del Consejo Nacional de Universitarios por una Nueva Estrategia de Desarrollo se realizó el miércoles 8 de abril en el Centro Cultural y Social Veracruzano.

En una Conferencia de Medios las conclusiones de este Congreso fueron presentadas por los académicos Abelardo Ávila Curiel (INNSZ), Carlos Encinas (U. de la Salle), Antonina Ivanova (UABCS), José Luis Calva (UNAM), Javier Orozco Alvarado (U. de Guadalajara), Ruperto Patiño Manffer (UNAM), César Salazar (UNAM), Marisol Silva Laya (UIberoamericana).

Como marco general, José Luis Calva señaló:

“Compartimos la indignación y el hartazgo de la ciudadanía ante la crisis de derechos humanos, la inseguridad pública, la violencia y la complicidad entre autoridades y delincuentes; ante la corrupción y los pactos de impunidad explícitos o implícitos que estimulan los crímenes y fomentan el enriquecimiento ilícito; ante la flotante casta de políticos que luchan por los cargos públicos como botín pero no conectan con las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos (“me das tu voto y ahí te ves”); ante los privilegios que se autoasignan los altos funcionarios públicos y la vida de reyes que se dan con dinero de los contribuyentes; ante la afrentosa desigualdad que ubica al presidente de la Suprema Corte de Justicia de México como el mejor pagado del planeta (con un salario mensual de 563,417 pesos) y al salario mínimo en México (de 2,132 pesos al mes) como el más bajo no solo entre los países de la OCDE sino también de América Latina; ante la creciente pobreza, marginación, polarización social y exilio de más de doce millones de mexicanos que se han ido al extranjero durante las últimas tres décadas en busca de empleos que no encuentran en nuestra patria, debido a la obcecada aplicación de una estrategia económica claramente fracasada en términos de crecimiento del producto nacional y del bienestar de la mayoría de los mexicanos.

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“De hecho, cumplimos ya tres décadas perdidas para el desarrollo y estamos al comienzo de la cuarta década perdida. Durante el periodo 1983-2014, el crecimiento del PIB mexicano ha sido de 2.3% anual (y en el primer bienio de gobierno de Peña Nieto fue de 1.8% anual), de modo que el PIB per cápita apenas ha crecido a una tasa media de 0.6% anual con un crecimiento acumulado de 22.4% en estos 32 años, sin considerar a los 12 millones de emigrados al extranjero; si los incluimos, el PIB per cápita sólo ha crecido 0.3% anual, con un crecimiento acumulado de 10.2%.

“No sólo extraviamos el camino del desarrollo, también sufrimos un fuerte deterioro del bienestar de las mayorías nacionales. Durante el periodo 1983-2014, los salarios mínimos perdieron el 71.9% de su poder de compra, los salarios contractuales en las ramas de jurisdicción federal sufrieron una caída real de 64.4%, y los ingresos medios de los campesinos se redujeron más de un tercio en términos reales; se agigantó el sector informal de la economía hasta incluir al 58% de los ocupados; y más de treinta millones de mexicanos cayeron en la pobreza. Nos enfilamos así hacia una grave pérdida de cohesión social, cuyas manifestaciones son cada vez más alarmantes.

calvaJosé Luis Calva

Dentro del bloque temático Qué hacer para que la economía crezca más y genere suficientes empleos, César Salazar, presentó dos propuestas de política económica:

“Fortalecer el mercado interno como el principal motor del desarrollo económico, a través de la elevación sostenida del poder adquisitivo de los salarios y del estímulo a la producción de bienes de consumo, intermedios y de capital de origen nacional, lo que traerá consigo el mejoramiento de la calidad de vida de la población y mayores encadenamientos productivos internos, tanto de las industrias que abastecen el mercado interno como de las industrias exportadoras.

“Para minimizar la volatilidad en el crecimiento económico y la generación de empleos proponemos redireccionar las políticas macroeconómicas (monetaria, fiscal y cambiaria) desde el enfoque actual centrado en la estabilidad de precios y el balance fiscal, hacia un enfoque centrado en el crecimiento sostenido de la economía real.

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Y en el mismo bloque temático, Carlos Encinas, presentó la propuesta de:

“Aplicar una política de tipo de cambio real competitivo que contribuya al crecimiento sostenido del producto nacional y del empleo por dos vías: 1) apuntalando la competitividad-precio de los productos mexicanos, tanto en los mercados externos, como en el mercado interno frente a las importaciones, y 2) asegurando el equilibrio sostenible de las cuentas externas, lo que permitirá poner fin a los ciclos de freno y arranque originados en choques externos que desfondan nuestra economía debido a la vulnerabilidad que provoca la insana dependencia del ahorro externo.

encinasCarlos Encinas

Javier Orozco Alvarado, presentó la propuesta de política industrial:

“Desplegar una nueva estrategia de industrialización con cinco instrumentos fundamentales de política pública son: 1) políticas macroeconómicas favorables al desarrollo manufacturero, especialmente la política de tipo de cambio real competitivo antes indicada; 2) políticas generales de fomento económico (construcción de infraestructura, formación de recursos humanos, sistema financiero competitivo, etc.); 3) instrumentos horizontales de fomento manufacturero, es decir aplicables sin distinción de sectores, como son los incentivos a la innovación y a la transferencia tecnológica, y los apoyos crediticos con tasas preferenciales para micros, pequeñas y medianas industrias, entre otros; 4) formulación de una estrategia sectorizada de desarrollo industrial dirigida prioritariamente a aquellos sectores que generan mayores beneficios y efectos multiplicadores (desarrollo tecnológico, encadenamientos productivos, economía de redes, etc.); 5) instrumentos sectoriales de fomento de los sectores prioritarios e innovadores, utilizando los márgenes de maniobra que tenemos en el TLCAN y la OMC.

En el bloque temático, Qué hacer para lograr el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, Abelardo Ávila Curiel, presentó la propuesta de política social:

“Construir un Estado de bienestar moderno que asegure el pleno ejercicio de los derechos sociales mediante los siguientes cursos de acción: 1) instituir un sistema único de salud, público y gratuito que garantice el derecho a los servicios de salud para todos, a partir de un modelo normativo que asegure igualdad de acceso a un conjunto creciente de servicios, ofrecidos con la misma calidad para todos; 2) garantizar una pensión universal para los adultos mayores de 65 años que carezcan de seguridad social, que forme parte de un sistema de pensiones públicas, financiado públicamente y no contributivo, que fije montos por encima de las líneas de pobreza, suficientes para asegurar una vida digna a quienes las reciban, complementado de un plan contributivo para quienes trabajan en el sector formal, de administración pública y con una pensión digna; 3) desarrollar un sistema de seguro del desempleo, universal no contributivo, articulado con políticas de capacitación y calificación laboral, así como de políticas de activación laboral.

abelardoAbelardo Ávila Curiel

Marisol Silva Laya, presentó la propuesta de política educativa:

“Elevar la cantidad pero sobre todo la calidad del gasto público en educación, revertir los rezagos en la cobertura de educación básica y universalizar la educación media superior y la superior; impulsar el desarrollo de modelos educativos con relevancia social y pertinencia cultural, que garanticen el derecho a una educación con calidad, y no sólo la expansión numérica del sistema; impulsar la introducción de innovaciones pedagógicas, precedida de procesos cuidadosos de desarrollo experimental; formar a los actores centrales del proceso mediante programas y estrategias efectivas de formación y actualización del magisterio y un sistema de incentivos para el desarrollo de la carrera académica.

En el bloque temático Cómo asegurar la sustentabilidad del desarrollo y lograr un mejor desarrollo regional y urbano, Antonina Ivanova, presentó la propuesta ambiental:

“Asegurar la sustentabilidad del desarrollo mediante los siguientes cursos de acción: 1) adoptar operativamente el enfoque de integración de políticas para que las decisiones económicas y sociales se adopten tomando en cuenta los costos del deterioro y el agotamiento de los recursos y servicios ambientales, de tal modo que las políticas de crecimiento económico asuman y reduzcan los costos ambientales; 2) acelerar nuestra transición energética para aumentar el uso de energías procedentes de fuentes no fósiles, sobre todo las eólicas y solares, a fin de contribuir a mitigar el cambio climático; 3) adaptarnos al ya inevitable cambio climático mediante políticas de prevención y respuesta que reduzcan la vulnerabilidad social y económica, reorientando la protección civil hacia estrategias integrales de atención de riesgos; 4) en la política de agua, la prioridad debe ser satisfacer el derecho humano al acceso suficiente y equitativo, a disponer de agua realmente potable, con garantías para dicho acceso y formas claras de exigir este derecho, además de atender los principios ambientales de protección de las fuentes hídricas, suelos y servicios ambientales en las cuencas; 5) apoyar mejor el esfuerzo de las ciudades, las zonas metropolitanas y los municipios en general para enfrentar la gestión local de los residuos, la reducción de la contaminación atmosférica, el ordenamiento del territorio, el ruido excesivo, el daño a los paisajes y las demás tareas que están bajo responsabilidad de los gobiernos locales, para lo cual se requiere una mejor concurrencia intergubernamental de la gestión ambiental; 6) contar con una estrategia nacional para ordenar la producción y el uso de los productos y sustancias riesgosas, y el mejor manejo de los residuos peligrosos y de los domésticos.

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En el bloque temático Hacer realidad el Estado de derecho y construir de la democracia en México, Ruperto Patiño, presentó el tema del Estado de derecho:

“Hacer realidad el estado de derecho. En México contamos con normas jurídicas modernas y suficientes para garantizar a todas las personas que viven en este país un ambiente de paz, justicia y bienestar. México es signatario obligado de los pactos internacionales sobre los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, es parte signante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y ha suscrito y ratificado todas las convenciones que se han construido sobre estas materias en el ámbito de las Naciones Unidas. Pero, sobre todo, México es uno de los países que ha incorporado a su derecho interno ?en el capítulo primero de nuestra Constitución? los más importantes compromisos a favor de los derechos fundamentales.

“Sin embargo, el México real dista enormemente de calificar como estado de derecho. No obstante que ha ganado autonomía, el Poder Judicial de la Federación no ha mejorado sus métodos para la impartición de justicia y los ejecutivos federal, estatales y municipales no cumplen eficazmente sus responsabilidades en materia de la procuración de justicia, todo lo cual da por resultado un estado generalizado de impunidad, que frecuentemente tiene como origen la corrupción que ha penetrado en los tres poderes de la unión y en los tres niveles de gobierno.

patiñoRuperto Patiño

“¡¡Sí se puede escapar del binomio perverso de corrupción e impunidad!! Profundas crisis nacionales como la que hoy padece México han obligado a muchos países a realizar grandes reformas que los han transformado en ejemplares naciones democráticas con robustos estados de derecho.

 

 

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