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$4.5 billones, costo de la violencia en México

Ruta México

Por Álvaro Aragón Ayala

Lo primero que habría que recordarle al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Sevién, es que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), es una institución colegiada, en la que cabe hasta un gobernador independiente. Lo segundo, es que, en el verano pasado, el queretano formó su propia facción con algunos, no todos, de los mandatarios que exhiben el fierro del PAN, para negociar asignaciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.

Refrescarle la memoria al panista Domínguez, jefe en turno del sindicato de gobernadores, viene al caso porque, en la pasada plenaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (XLV sesión ordinaria) se vistió de cruzado para denunciar que esa política no debe partidizarse, ni ser mezquinos.

En efecto, asunto que refleja la tragedia de toda la sociedad mexicana no debe ser sometida al piso de remates fiscal. El PAN termina 2019 con tres estados de la República situados entre los primeros lugares con más altos indicadores de criminalidad: Guanajuato, Chihuahua y Baja California, entidad ésta donde apenas en noviembre pasado la casa de gobierno cambió de titular.

Sólo a la hora de pedir más recursos, dicen presente

La salida a escena del presidente de la Conago se dio después de que fueron sacados a balcón los mandatarios que no se preocupan ni por asistir a las reuniones periódicas de sus gabinetes de seguridad pública que, por mandato de las constituciones estatales, son los responsables en primera instancia de esa política. Son los primeros, sin embargo, que reclaman más y más recursos a la Federación y la presencia en sus entidades de la Guardia Nacional.

No es para menos la reacción de algunos gobernadores: Para 2020, el PEF reservó casi 7 mil 500 millones de pesos para fines específicos: 37 por ciento está etiquetado para el Fortalecimiento de Capacidades Institucionales, 15 por ciento para el cumplimiento de los indicadores en la depuración del Registro de Personal de Seguridad Pública, y 10 por ciento donde más duele: La disminución de la incidencia delictiva, sujeto a la verificación de resultados.

Yucatán, Tlaxcala, Campeche y Chiapas, seguros para vivir

Para ilustrar nuestro optimismo, señalemos algunos impactos del problema de inseguridad pública en México. En 2017, su costo fue de 4.5 billones de pesos, equivalente al 21 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) total.

De 2017 a 2018, se incrementó en 36 por ciento el número de homicidios; 69 por ciento se perpetró con armas de fuego. La estadística aparece en el índice de Paz que anualmente presenta el Instituto de Economía y Paz, organización internacional no gubernamental.

La misma fuente destaca a Yucatán, Tlaxcala, Campeche y Chiapas, como los estados menos violentos del país, con aumento anual en sus índices de seguridad.

Los gobernadores de esas entidades son los que menos gimotean por recursos extraordinarios para sus estados. No necesitan de los argumentos a los que apenan los gobernadores menos cumplidos. Los resultados hablan por ellos.

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