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A nueve mil días del asesinato de Colosio

La Piedra en el Zapato

Por Abraham García Ibarra

 

Mil 300 semanas -más nueve mil días-, después de consumado el atentado mortal contra el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, es la hora en que todavía no se despejan sospechas sobre el peritaje ministerial que atribuyó el crimen a un asesino solitario.

Son situaciones -como la del entorno de ese magnicidio– en que la cantidad sepulta la calidad y eficacia de la comunicación política: Tres teorías y 27 líneas de investigación, desparramadas en más de 60 mil fojas ministeriales y judiciales.

Encontrar en esa montaña de papel la verdad, sólo la verdad y nada más que la verdad, es misión imposible, porque nunca se desvaneció una afirmación que en aquellos días creó Estado: El gobierno no jaló el gatillo, no; pero creo el clima político para que el crimen se consumara.    

Uno de los fiscales especiales, habilitado como subprocurador general de la República después de haber pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que fue ministro, Miguel Montes García -primer presidente de la Cámara de Diputados de la LIV Legislatura federal (1988-1991)- declaró públicamente que no era descartable la línea de investigación que conducía a la hipótesis de un complot.

De hecho, latente aún el debate todavía no concluido sobre el asesinato, cierto asesor de la Procuraduría General de la República puso en circulación un libro de su autoría bajo el título, El segundo disparo.

El acontecimiento, por su magnitud, desencadenó un terremoto político. Siendo Colosio la figura central, en la conmoción se perdió en la noche de los tiempos el resultado de la indagatoria sobre la muerte, también violenta, en los meses siguientes, de testigos presenciales, presentes en la trágica tarde de Lomas Taurinas, dada las tareas de seguridad a cargo de corporaciones federales, estatales y municipales al cuidado de la campaña presidencial. Suicidios no fueron.

Obstrucción a la seguridad personal del candidato

A mayor abundamiento, en testimonio público también, el militar de alto grado al que se confió la custodia del candidato presidencial, protestó por la obstrucción a la seguridad personal de Colosio, por miembros entonces de la dirigencia nacional del PRI.

Acaso en esa obstrucción se inscriba la interferencia del entonces gobernador priista de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien se desplazó desde Hermosillo a Tijuana donde, inexplicablemente, la misma noche del 23 de marzo, se le permitió -método no conocido, pero sospechado- interrogar al único imputado, Mario Aburto.

Subyace un grano de mostaza en esa historia: El fiscal que cerró el expediente conclusivo, al tiempo pasó a ser comisionado nacional de Derechos Humanos.

Todo consta en documentación oficial entonces todavía no reservada sobre el caso, ahora parcialmente desclasificada.

Esta semana, quien fue secretario particular del sonorense cuando éste despachó como presidente del PRI y hoy secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, declaró que, en lo personal, todavía no lo convence la versión del asesino solitario.

Crímenes de Estado, reto para la Comisión de la Verdad

Arribemos a un macabro cuadrante: El asesinato de Colosio fue incluido en la relación de lo que todavía algunos -a partir del homicidio contra el cardenal de Guadalajara, Posadas Ocampo, en mayo de 1993: Fuego cruzado– denuncian como Crímenes de Estado.

Son, pues, muchas ruedas de molino que no pocos, con justa razón, se niegan a digerir.

Son priistas, ciertamente, los que se han negado, por sistema, a la creación de una Comisión de la Verdad sobre crímenes políticos y sociales del pasado. Por algo será.

Consideramos que el atentado mortal contra El hombre de Magdalena de Kino, debe estar en la agenda de la Comisión de la Verdad, recientemente instituida. La verdad nos hará libres. Es cuanto.

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